El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha presentado en la sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la demanda de ejecución de la sentencia dictada en diciembre de 2019 por este mismo tribunal que declaraba nulo otorgamiento de la autorización ambiental a la empresa Lafarge en relación a la actividad de fabricación de cemento en el municipio. Esta sentencia se declaró firme el pasado 28 de abril, una vez que el Tribunal Supremo (TS) no admitió los recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña y la cementera.
El pasado 28 de julio -tres meses después de la decisión del TS y una vez que ya se había superado el plazo de dos meses que la ley determina para la ejecución voluntaria de una sentencia, el Ayuntamiento presentó ante el TSJC la demanda, en la que se recuerda que la Generalitat tiene la obligación de clausurar la actividad de Lafarge en el municipio al no disponer de la preceptiva autorización ambiental. En su escrito, el consistorio argumenta que hay precedentes en algunos pronunciamientos judiciales que reconocen la obligación de clausurar la actividad de una empresa cuando su licencia o autorización han sido anuladas por los tribunales.
En la demanda de ejecución, el consistorio propone al TSJC que marque un plazo máximo para el cumplimiento de la sentencia con la que se proceda a la clausura de la fábrica. El Ayuntamiento también requiere a la Generalitat para que establezca un órgano administrativo que debe responsabilizarse de las actuaciones que faciliten la clausura de la actividad de la cementera.
