El Ayuntamiento de Montcada i Reixac ha mostrado su satisfacción por la inadmisión del Tribunal Supremo (TS) de los recursos de casación interpuestos por la Generalitat de Cataluña y la empresa Lafarge contra las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) – del 2019 y del 2020-, que declaraban nula la autorización de la actividad y su adecuación ambiental integrada (AAI). Según la resolución judicial, la AAI se concedió el 2015 en base a una declaración de impacto ambiental dictada en 2008 totalmente obsoleta y las modificaciones posteriores a esta fecha -hechas 2015 y al 2017- también quedan, por tanto, anuladas.

‘Hoy es un gran día, para la salud de la ciudadanía y por la calidad del aire de nuestra ciudad’, ha manifestado la alcaldesa de Montcada i Reixac, Laura Campos, en la rueda de prensa de valoración de la sentencia , celebrada este viernes, 9 de abril, y que han convocado conjuntamente el consistorio, la AV Can Sant Joan y la Plataforma Antiincineración. Los colectivos vecinales llevan desde 2008 luchando contra la actividad de Lafarge, por la vía judicial y por la vía de la movilización. ‘Agradecemos profundamente la lucha de Can Sant Joan, por no desfallecer nunca, y mostramos nuestra satisfacción por la inadmisión de los recursos de casación por parte del Supremo’, indicó Campos.

Concretamente, el TS ha rechazado, por una parte, el recurso de casación de Lafarge y la Generalidad de Cataluña contra la sentencia del TSJC de 2019, a raíz el proceso interpuesto del AV Can Sant Joan contra la licencia ambiental. La otra decisión del Supremo ha sido rechazar el recurso de casación de la cementera y el gobierno catalán contra la sentencia del TSJC de 2020, que daba la razón al Ayuntamiento de Montcada i Reixac en un recurso contencioso administrativo que interpuso el 2018 contra la renovación de la autorización ambiental a Lafarge.

Ante estos dictámenes, la alcaldesa ha manifestado que ‘desde el Ayuntamiento exigimos a la Generalitat, única responsable de la inseguridad jurídica con la que vive la empresa, que paralice la actividad a Lafarge y que explique con detalle qué hará para dar cumplimiento a la sentencia ‘. La edil ha mostrado la preocupación del consistorio sobre el futuro de la plantilla de la factoría e insta a la dirección de la cementera y al gobierno de la Generalitat a liderar la negociación para garantizar el futuro laboral del personal.

La alcaldesa ha expresado que las sentencias llegan en un momento en que están cambiado los paradigmas sociales respecto al medio ambiente y cada vez hay más concienciación ciudadana en este sentido. ‘La lucha contra el cambio climático es un reto de todos e instalaciones como Lafarge, situada a sólo 120 del núcleo urbano, ya no tienen ningún sentido’. El edil ha aprovechado para pedir a la Generalitat un plan de reconversión de las cementeras, proponiéndole que aproveche la convocatoria de proyectos para financiar con los fondos del programa europeo Next Generetion.

El presidente de la AV Can Sant Joan y portavoz de la Plataforma Antiincineración, José Luis Conejero, manifestó que después de 100 años sufriendo la presencia de una de las empresas más contaminantes de Cataluña, su cierre es un alivio para Montcada i Reixac y el Área Metropolitana de Barcelona, ​​ya que el cese de la actividad es más efectivo en materia de prevención de la contaminación que otras medidas ‘. El representante vecinal ha repasado la lucha del colectivo que representa en contra de la actividad de Lafarge y espera que la multinacional acate la sentencia.

El abogado del colectivo vecinal, Albert Calduch, indicó que esta sentencia finaliza un largo proceso administrativo iniciado por serie de irregularidades e ilegalidades vinculados a la actividad de la empresa Lafarge ‘. El letrado ha indicado que la Generalitat ha actuado por interés de la empresa y no de la ciudadanía, haciéndose servir de subterfugios legales para mantener la actividad de la cementera; Lafarge no tiene autorización ambiental en Montcada i Reixac, ni la ha tenido nunca, y no puede funcionar al ser una actividad ilegal ‘.

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