La fiscalía de la Audiencia Nacional pide penas de veintisiete años de prisión para ocho de los encausados en la operación Judas y ocho años para cuatro más. La decisión se ha hecho pública tres semanas después de que el juez de instrucción cerrara definitivamente la fase de instrucción y enviará a los doce miembros de los CDR a juicio oral, acusados de pertenecer a una organización terrorista y por fabricación y tenencia de explosivos.

El juez García-Castellón acusa Eduard Garzón, Germinal Tomàs, Alexis Codina, Jordi Ros, Sonia Pascual, Esther Garcia, Queralt Casoliva y Rafael Joaquin de delitos de organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de explosivos y estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. A David Budria, Clara Borrero, Ferran Jolis y Xavier Buigas los acusa de organización terrorista.

Entre los acusados se encuentran cinco personas de la comarca del Vallés Oriental: tres vecinos de Mollet, un vecino de Sant Fost y una vecina de Montmeló que tenían relación con el CDR de Mollet. Los demás procesados son de poblaciones vallesanas como Sabadell o Cerdanyola.

El fiscal considera que las actividades de esta célula radical surgida de los CDR y autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida) supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista (ocho años de prisión) y, para nueve de los investigados, también de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista (11 años) y de tentativa de estragos de carácter terrorista (ocho años).

El escrito remitido a la Sección Tercera de lo Penal está firmado por el fiscal Miguel Ángel Carballo. El fiscal sostiene ante la Sala que la creación del Equipo de respuesta Rápida a partir de miembros de distintos CDR de «gran radicalidad» se debió a la necesidad de contar «con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se muestran totalmente entregados a la causa», a los que se encargaban «las acciones más sensibles».

«Su objetivo final como organización era conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando con ello, de modo coercitivo, a las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España», afirma la Fiscalía.

Añade que los 12 acusados como miembros del ERT habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR del que provenían «y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares».