El juzgado de instrucción número dos de Granollers ha tomado declaración a lo largo de este mes de febrero a todos los miembros del equipo de Gobierno de Les Franqueses como imputados por el cobro de dietas al oficiar bodas en el municipio. Este martes, 24 de febrero, declaró el alcalde de CiU, Francesc Colomé y antes lo hicieron los restantes regidores de CiU, PSC y PP además de la exUPLF, Vanessa Garcia y el regidor no adscrito, el exalcalde Esteve Ribalta.
La Audiencia de Barcelona ordenó en otoño que se retomara la investigación sobre el presunto cobro indebido de compensaciones a concejales del Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès por oficiar enlaces. Según denunció la formación local Unió de Pobles de Les Franqueses (UPLF), varios regidores ingresaron una dieta de 56 euros por cada boda que presidieron entre julio de 2011 y julio de 2012, pese a que ya tenían un sueldo asignado por el Consistorio y se carecía de una normativa expresa que amparase este tipo de transferencias.
El pasado mes de agosto la Audiencia ya había revocado la decisión de un juzgado de Granollers de archivar la querella que la formación local UPLF había presentado por este tema. El tribunal tildó de «confuso» el razonamiento para sobreseer el caso, ya que reconoció que quizá podría tratarse de una irregularidad, aunque atípica. La Audiencia resaltó que no fue hasta julio de 2012, tras meses lleva´ndose a cabo, cuando el Ayuntamiento reguló los importes, que correspondían a la mitad de la tasa de 110 euros que las parejas debían abonar para casarse en la población en fin de semana o día festivo. Se supone que mientras tanto se oficiaron unos 30 enlaces, por los que se desembolsaron unos 1.700 euros. Cada regidor se embolsaba unos 56 euros por boda oficiada.
En las declaraciones ante el juzgado, al parecer los imputados alegan que el dinero que percibieron lo fue en concepto de desplazamiento. Otras formaciones, como la denunciante UPLF, o la Plataforma per Catalunya de Josep Badia, quien en su día pidió que se pusiera fin de la práctica de cobrar en las bodas, consideran que eran más bien un sobresueldo ilegal de los regidores ya que no había pasado por pleno. Badia incluso presentó una moción para que se retornara el dinero cobrado que no prosperó.
