Desde el pasado 23 de abril de 2014, Diada de Sant Jordi, el canal 40 de la TDT correspondiente al Vallès Oriental fue ocupado por El Punt Avui TV que sustituía las emisiones del Canal Català Vallès Oriental. El Canal Català era el único canal privado que emitía por este multiplex que compartía junto a las dos televisiones públicas comarcales: Vallès Visió y Vallès Oriental TV (VOTV). Aunque hubo polémica en su día por este cambio, nadie había movido ficha hasta ahora por ello. Este martes, 27 de enero, Societat Civil Catalana (SCC) ha presentado, una queja ante el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en relación con las emisiones en cadena que está realizando El Punt Avui TV a través de las frecuencias locales de Canal Català, en virtud de un contrato de arrendamiento autorizado por el mismo CAC. “Esta práctica – señalan desde esta entidad- vulnera el espíritu de la televisión de proximidad y las previsiones legales que lo amparan”
“La normativa audiovisual vigente- recuerda SCC- obliga a que las televisiones locales orienten una parte significativa de su programación en la demarcación correspondiente a su licencia. En cambio, El Punt Avui TV aprovecha las frecuencias de televisión local para emitir los mismos contenidos a un 80% del mercado catalán, convirtiéndose de facto en una televisión autonómica”
Por este motivo SCC solicita al CAC que ponga fin a esta práctica y sancione El Punt Avui TV, “dado que el regulador dispone de evidencias claras sobre lo que está sucediendo”. La queja presentada recuerda el contundente voto particular formulado en el momento de autorizar el arrendamiento por los consejeros Malaret, Figueres y Sirera, para los que existían suficientes indicios de que se proyectaba una emisión en cadena para el 50% del territorio catalán.
Asimismo, la asociación ha observado que el proyecto autonómico de Ley de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas prevé en su artículo 98 una modificación del concepto de producción propia recogido en el artículo 1 de la Ley 22/2005 de la comunicación audiovisual de Cataluña. “Esta reforma, que podría conllevar la regularización de las emisiones de El Punt Avui TV, crearía un precedente extraordinariamente perjudicial para la televisión de proximidad, que desempeña un papel clave en la articulación de la vida política y cultural de los diferentes municipios de la nuestra Comunidad Autónoma”, recuerdan
Por ello, Societat Civil Catalana ha optado también por instar a todos los grupos políticos del Parlamento de Cataluña a que no apoyen esta iniciativa y que adopten todas las medidas que estén a su alcance para que los licenciatarios de TDT en Cataluña emitan contenidos que respondan los intereses de los ciudadanos residentes en la demarcación en la que se circunscribe cada licencia.
“Las políticas de comunicación –recuerdan desde SCC- no pueden estar al servicio de grupos o empresas ideológicamente afines sino que deben ser respetuosas con la diversidad existente en la sociedad”
Desde sus primeras emisiones, El punt Avui TV se ha caracterizado por hacer un canal de televisión netamente decantado hacia el soberanismo.
El 11 de abril de 2014 el CAC autorizó a la empresa concesionaria de Canal Català, la empresa Publicitat i Comunicació del Vallès S.L., dirigida por Nicola Pedrazzoli, arrendar sus siete licencias de televisión a la empresa Xarxa de Serveis i Comunicacions 2014, dirigida por per Joan Vall Clara que utilizará la marca comercial El Punt Avui TV. El arrendamiento de estas siete licencias – la de Granollers junto a las de Barcelona (canal 48), Sabadell (canal 39), Lleida (canal 50), Blanes (canal 42), Tarragona (canal 54) y Vic (canal 35)- no estuvo exenta de polémica. La aprobación por parte del CAC se hizo sólo con los votos de tres de los seis consejeros del ente encargado de la regulación y supervisión del sector audiovisual catalán. Únicamente salió adelante con el voto de calidad de su presidente. Tres de los consejeros que votaron en contra Carme Figueras (PSC), Elisenda Malaret (PSC) y Daniel Sirera (PP), además emitieron un voto particular en que relataban las razones de su desacuerdo. La decisión del CAC fue apoyado por los tres consejeros propuestos por CiU: el presidente Roger Loppacher, Josep Pont y la vallesana, Yvonne Griley
En sus votos particulares los tres consejeros disidentes advirtieron que el acuerdo se adoptaba sin los votos necesarios, según la normativa vigente, que exigía una mayoría absoluta (cuatro votos), mientras que en este caso hubo mayoría simple. El CAC, sin embargo desmintió que esto fuera así y afirmó que un informe del Área Jurídica establece que “los arrendamientos de licencias se aprueban por mayoría simple”
Los consejeros opositores, pero, también indicaron que la operación se autorizó sin que El Punt Avui TV hubiera proporcionado la programación que justificara el cumplimiento de las condiciones de cada una de las licencias, que, entre otras cosas, exigía una determinada producción propia y de proximidad. “Estas siete licencias podrían transformarse, de hecho, en una televisión de ámbito catalán”, decían. Añadían que en la documentación aportada no se garantiza en ningún momento que se respete la obligatoriedad de no emitir más del 25% en cadena, como establece la ley. Sin entrar a responder estas cuestiones, desde el CAC defiendieron la validez y legalidad del arrendamiento de las licencias entre Canal Català y el Punt Avui TV. “La ley establece que se pueden arrendar las licencias con la autorización previa de la autoridad audiovisual competente si se cumplen una serie de condiciones”, explicaron. Y entendían que en este caso las condiciones se cumplían.
