El Pleno del Consejo Comarcal, celebrado el pasado miércoles, ha aprobado el Plan de medidas antifraude, que persigue reforzar el compromiso de la entidad con la lucha contra el conflicto de interés, el fraude y la corrupción mediante la aplicación de un sistema específico que permita el desarrollo de un control de la gestión de forma continua. El Plan fue aprobado con los votos favorables de Partido de los Socialistas de Catalunya-CP, Junts, En Comú Guanyem y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Se abstuvieron Esquerra Republicana de Catalunya-AM y CUP Vallès Oriental-AM.
El Plan está compuesto por un sistema basado en cuatro grandes ejes para afrontar eficazmente los distintos aspectos del fraude y la corrupción: la prevención, la detección, la corrección y la persecución.
El documento profundiza en aspectos como la integridad institucional, la cultura administrativa íntegra, la irregularidad, el fraude, la corrupción, la compliance, el conflicto de interés, el conflicto de interés real, el conflicto de interés potencial, el conflicto de interés aparente, el riesgo, el riesgo externo, la bandera roja, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Se plantea, además, la creación de un Comité antifraude, responsable del diseño de la estrategia en la lucha contra el fraude sobre la que se elabora el Plan, llevará a cabo su seguimiento, actualización y evaluación del resultado obtenido y una Unidad de coordinación y seguimiento de la gestión, con las funciones de control de la gestión y le corresponde la comprobación y análisis de los expedientes identificados de riesgo y, cuando proceda, la propuesta de medidas específicas
Y se establece un procedimiento para el tratamiento del posible conflicto de interés, medidas antifraude e indicadores de riesgo.
El Plan aprobado tendrá una duración indefinida y está previsto revisarlo cada dos años y, en caso de la evaluación del riesgo, el impacto y la probabilidad de riesgo de fraude en los procesos clave de la ejecución, se revisarán de forma bienal o anual cuando se haya detectado algún caso de fraude o se hayan producido cambios significativos en los procedimientos o personal de la entidad.
