La sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite el contencioso-administrativo de la Campaña Contra el Cuarto Cinturón (CCQC) contra el convenio entre Estado y la Generalitat para ampliar la B-40. Concretamente, esta prolongación permitiría enlazar a Terrassa con Sabadell y Castellar del Vallés, una propuesta contra la que el colectivo se ha opuesto desde hace más de tres décadas.
Por este motivo han reunido unos 20.000 euros aportados por particulares y entidades a partir de un proyecto de micromecenazgo. La CCQC celebra la admisión a trámite de contencioso, que les permitirá acceder al expediente para que puedan, posteriormente, formular la demanda.
La CCQC formalizó a finales de enero la interposición de lo contencioso-administrativo, ya principios de febrero el TSJC comunicó la admisión a trámite. El objeto es el convenio entre los gobiernos español y catalán que establece las bases del encargo de gestión a la Generalitat para la redacción de los estudios y proyectos de la ampliación de la B-40 desde Terrassa a Sabadell, y que supondría una nueva vía de acceso a Castellar del Vallès.
A pesar de que el proyecto recibe el número oficial de Ronda Norte de los sistemas urbanos de Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallés, el colectivo considera que es un eufemismo que oculta la ampliación de facto del Cuarto Cinturón y con voluntad de hacerlo llegar hasta la Roca.
La admisión a trámite de lo contencioso ha prosperado una vez el TSJC ha concluido que se cumplen los requisitos de capacidad, representación y postulación de la CCQC. Ya se ha reclamado el expediente administrativo completo del convenio, que se trasladará al colectivo para poder fundamentar plenamente su demanda a partir de criterios jurídicos.
La previsión es que la resolución no se haga efectiva antes de un plazo de dos años. Mientras esto no ocurre, los ayuntamientos de Terrassa y Sabadell ya han elaborado sus propuestas de trazado de la Ronda Norte en sus términos municipales, apostando por una mezcla de carretera al aire libre y soterrada, dependiendo de las condiciones del terreno en cada caso y con el criterio de afectar el mínimo posible el entorno por donde debe pasar la carretera.
