Las democracias parlamentarias, se rigen qué duda cabe, por la suma de las mayorías de la Cámara baja, por lo cual, no hay atisbos de falta de la legitimidad del Gobierno, resultado del pluralismo político existente.
No obstante, con un planteamiento pleno, al margen de esa premisa mayor, entran en juego otros factores, que como suma de premisas menores, condicionan la mayor, “normas” de obligado cumplimiento, unas escritas y otras no, que aún sin estarlo, se deducen de los principios y valores de nuestra Constitución, y que suelen ser análogas, al resto de democracias occidentales. Así, su Preámbulo nos refiere: “establecer la justicia, seguridad, y promover el bien común, tendente a garantizar la lógica convivencia democrática dentro de la carta magna, protegiendo así, a todos los españoles”.
Su art. 1 indica la constitución de un Estado social y democrático de derecho, promulgando entre otros, como valores superiores, la justicia e igualdad. Por su parte, el art. 2, proclama la solidaridad entre regiones, que concretiza en sus arts. 157 y 158, tendentes a corregir los lógicos desequilibrios económicos interterritoriales.
Sin embargo, en la presente forzada legislatura, se detectan anomalías que distorsionan y degradan la misma clásica democracia a la que estamos acostumbrados, motivado esencialmente por intereses partidistas extremos, muchas veces contrapuestos, resultado de las permanentes exigencias de los partidos nacionalistas y separatistas, a quienes el interés general, la solidaridad interregional, el mínimo sentido de estado, o la misma integridad del mismo, además de representar conceptos, que les son del todo ajenos e indiferentes, se alzan frente a ellos, como acérrimos enemigos, algo así como la incompatibilidad entre elementos, caso del agua y aceite, o el agua frente al fuego; pero que pese a todo, por normas del juego democrático que nos hemos impuesto, se les permite participar en las mismas idénticas condiciones.
A lo anterior, como claro reflejo de una de las mayores calidades de democracias existentes en el mundo, -pues recuérdese que en países tan democráticos, por ejemplo como Alemania, el separatismo está proscrito en su constitución-, hay que sumar la extraordinaria ventaja que les da a esos pequeños partidos la Ley Electoral, basada en el sistema D´Hondt, que provoca por ejemplo que aun sin ganar casi nunca las elecciones en Cataluña, siempre por lo general, terminan por gobernar la Comunidad autónoma los nacionalistas, precisamente por esa mayoría parlamentaria.
Ambos matices, ya descartan por sí mismos, el adjetivo de constitución franquista, como atribuyen y se les llena la boca a muchos separatistas, en su especialidad de intentar hacernos coparticipes de su docta ignorancia, más bien propia de campanario de pueblo.
Pues bien, permitirles jugar, dada esa legitima opción ideológica a esos partidos separatistas, no es equivalente a “consumar”, y más hacerlo por la “fuerza”, lanzando a millones de ciudadanos a la calle, en busca de un derecho en realidad inexistente, por prohibirlo también la misma constitución, de lo cual tiene también mucho que ver, la falta de información que el mismo Estado omite, como sí hacen otros países, caso del italiano por ejemplo, que lo incluye en su plan de estudios. Ello unido a la profanidad en cuanto a “límites y limitaciones” del derecho de libertad de expresión, hicieron el “caldo de cultivo” para unos temerarios políticos tiranos de libro, que casi llevaron a esa comunidad a un trágico abismo social, ignorando necia y temerariamente sus propias obligaciones constitucionales, en especial la del art. 9: responsabilidad, sujeción a la ley, promover la libertad e igualdad, legalidad, seguridad jurídica, tendente a evitar la indeseable arbitrariedad.
Una vez sentenciados los promotores, y pendientes el resto, lo que no es de recibo, es que por un “puñado de votos”, como partidos bisagra, que representan a lo sumo un 6% de los electores, pasen a influir, e incluso decidir, el mismo futuro del país al que visceralmente odian y permanentemente intentan degradar y finiquitar. Para amenizar el ya patético panorama, se les une los votos de EH Bildu, que aún sin mínimo atisbo de arrepentimiento, acumulan y arrastran casi mil muertos por disparos en la nuca, como forma peculiar de celebrar la novedosa democracia implantada en el país. Si además a ello, le sumamos el apoyo del partido extremista de izquierdas Podemos, más otras ideologías comunistas como Sumar,- esta última formando parte del gobierno-, tenemos lo que algunos han calificado como gobierno Frankenstein.
Aun así, no dejaría de ser legítimo el gobierno actual del PSOE; pero esa inicial legitimidad tiene una limitada trayectoria, al mismo tiempo que, les es casi imposible iniciar el vuelo que permita con mínima dignidad acabar la legislatura. Recordemos la acertada decisión de Felipe González en su día, que por una simple, pero a la vez sonada corrupción en concreto, unido a que no tenía apoyo para aprobar los presupuestos, decidió dejar el timón, para que no destrozaran su norte y su ideario político, precisamente esos partidos peculiares, como los que actual y precariamente, sustentan al Gobierno a modo de carcomidas muletas.
Digo que esa “legitimidad”, tenía una limitada trayectoria en el tiempo, puesto que para conservar ese precario poder, -con la consecuente merma y enfrentamiento ideológico de su propio partido, el PSOE-, omitiendo un mínimo sentido de estado, incluso mero sentido común, por esa temeraria decisión exclusiva de su élite, le obligó a aproximarse también al abismo, cuando no incurrir en “ilegalidades” manifiestas, proscritas por la misma constitución, cual sería por ejemplo el caso de pretender otorgar la inexistente la amnistía a unos delincuentes condenados, que además, persisten en su actitud ilícita e incívica, cuestionando así, el mismo estado de derecho, e incluso el principio de igualdad como derecho fundamental. También alterando el código penal en cuanto a delitos obvios y sentenciados, degradando y conflictuando con el mismo Poder Judicial, o rebajando penas con la excusa “inveraz” de que los delitos son más lasos en el resto de la legislación europea; afectando con ello, con toda seguridad, a una considerable rebaja futura en la “calidad” democrática que ostenta internacionalmente España. A ello, hay que añadirle, el precio de degradar también por esa utilización partidista, el prestigio de una institución clave como representa el Tribunal Constitucional en su vital función de “balanza”, provocando por ende, el enfrentamiento con el máximo órgano del Poder Judicial, el Tribunal Supremo.
Por si es el dislate fuera poco, a lo anterior hay que sumarle el cambio que se pretende con una financiación singular de Cataluña exigida a la “carta” por los partidos separatistas que apoyan al Gobierno, -que dicho sea de paso, no representan en realidad la mayoría social de la Comunidad autónoma, al ser esta, mayoritariamente constitucionalista, y a la que unos y otros, ignoran y trafican olímpicamente con sus derechos constitucionales, incluyendo los lingüísticos-. Con esa pretendida financiación, se rompe con uno de los “pilares clave” del consenso que representó la Constitución de 1978, afectando así, a competencias exclusivas del Estado obrantes en el art. 149, y en especial al art. 138 sobre equilibrio económico. En definitiva, y al más puro estilo del separatismo catalán, por la vía del hecho, sin apoyo normativo, se intenta cambiar la constitución a la “brava”.
No acaba aquí el melón abierto por los nacionalistas y separatistas frente a las competencias exclusivas del Estado, pues también está afectando a otras vitales materias, tales como inmigración, penitenciarias, de hacienda, transportes, todas ellas susceptibles de distorsionar igualmente al principio de igualdad.
Para lograr satisfacer dichas ilegales contrapartidas, que permitan la continuidad de ese inusitado agónico y precario gobierno, -cuya función legislativa, es prácticamente nula por esa disparidad de objetivos e intereses partidistas expresados-, obliga al poder legislativo a estar al filo, cuando no pisar las propias leyes que nos legitiman, e incluso le compele a pretender anular la misma “división de poderes” existente, degradando con ello, a los Tribunales y sus sentencias, con lo cual, el legislativo, se convierte en un verdadero “Leviatán” de Hobbes, teórico político que renunciaba explícitamente a la separación de poderes, autor que también estaba a favor de la “censura” de los medios y restricciones a la libertad de expresión.
En definitiva, da la impresión que se aúnan como novedosa democracia, -aun no inventada en lugar alguno-, la tiranía de unos, y el maquiavelismo, más las teorías del Leviatán de otros. La cosa, realmente promete, e incluso alcanzará mayor clímax, con esta también novedosa y también peculiar “regeneración democrática”, la cual nos hace recordar el Ministerio de la verdad de Orwell; aconteciendo todo ello, de una manera paradójica, en una inusitada época de supuesta alta corrupción gubernamental.
Lo dicho, pese al insomnio resultante, en este país, bien puede decirse, que ¡no hay quien se aburra!; sencillamente “is different”. Mientras, el rebaño de Hesse, atónito y perplejo, debe escuchar a esos supuestos buenos pastores y la extrema izquierda, como se quedan exhaustos y afónicos al grito permanente: “que viene el lobo de la extrema derecha”.
José Manuel Gómez
