En un conocido  libro, “Los elementos del periodismo” (Bill Kovach y Tom Rosenstiel), nos describe los inicios y progresiones históricas de la profesión, indicando los  múltiples fines que debe perseguir  la prensa: información independiente, veraz, exacta, ecuánime,  y sin control gubernamental, para evitar subvertir la cultura democrática como aconteció en el S. XX por la “concentración periodística” realizada por la industria de la química y del acero, que facilitó el ascenso del nazismo y fascismo, en base a distorsionar la realidad y con ello “la verdad”, que es la esencia del periodista, en su obligado servicio a la democracia y lealtad a los ciudadanos, requisito,  “sine qua non” puede hablarse propiamente de un estado democrático.

  En nuestro contexto, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, como la totalidad del derecho regional europeo de la U.E., y a su vez, por el sometimiento al derecho internacional, lo incorporamos a  nuestra Constitución por el art. 10.2, que ratifica la libertad de prensa y de expresión, como derecho fundamental en el art. 20, 1.a) al proteger la difusión de pensamientos, ideas y opiniones…., y  d) “ comunicar o recibir libremente información “ veraz” por cualquier medio de difusión. 20.2) El ejercicio de estos derechos, no podrá restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

  ¿se puede hablar propiamente de libertad de prensa y en consecuencia de un verdadero estado social “democrático” de “derecho” en España?

  La respuesta, es objetivamente negativa por mucho que Ud. pueda sorprenderse en una sociedad postmoderna, y con una infinidad de medios, -incluyendo las potentes redes sociales, pues solo aparentemente, no están oficialmente controladas-, nuevos medios, a los que inexorablemente ha tenido que adaptarse también la prensa para sobrevivir. En otras palabras, haciendo comparaciones históricas, podría haber una injerencia en la actualidad similar a la existente en el Medievo, donde por hegemonía de la Iglesia, la verdad, se supeditaba a lo divino y a lo moral con objetivo de claro control social; por lo que la prensa y tv., podrían estar al servicio solo de las élites como expresaba W.  Lippmann, quien ya hablaba que una mayoría de la población 75% no creía que la prensa protegiera la democracia (contexto de los años 90 en EE.UU)

  Para visualizar esa función de control del gobierno y los grupos de presión, utilizaremos un ejemplo de clara manipulación periodística en cuanto a tergiversación del aun “nonato” informe de la Comisión de Venecia, como órgano consultivo del Consejo de Europa de reconocido prestigio jurídico, referido a la proyectada amnistía. Órgano que ya en su día se posicionó, como la generalidad del “statu quo” en contra de la brava vía de hecho separatista.

  Los hechos se inician con un artículo de una Filóloga de catalán, también política y clara partidaria del “proces, Pilar Rahola”, aparecido en fecha 27-2-2024 (no pues el 1-3 que dice el Gobierno, por lo que para crear “niebla”, debió pasar la filtración previamente a ERC). Así, de una mera “columna” ocasional en la que escribe, este tema, pasa a reflejarse en “la Tribuna” del Periódico de Cataluña titulado “Ya no hay excusa”, indicando que el PP ha salido “trasquilado”, dado que las conclusiones de tal organismo, dice: “servirán precisamente para aprobar una amnistía sin excusas, ni excepciones”. A renglón seguido, para curarse en salud de su “media verdad”, reconoce que no ha salido el resultado definitivo, pero que hasta ahora, lo expresado es bastante elocuente tras un riguroso estudio -cuando en realidad es un “mero preámbulo” introductorio-, que precisa y paradójicamente critica “la urgencia” y “medio” inidóneo de tramitarlo, es decir como “proposición” en vez de como “proyecto de ley” que sería lo precedente y garantista, por los precisos previos  dictámenes del CGPJ y del Consejo de Estado; órgano que critica a su vez, la tensión social que está provocando. Posteriormente, se dedica a estigmatizar tanto al PP, como a PSOE, uno por su ilógica reaccionaria, y el otro por su cobardía, recordando que Junts, nunca aceptará una amnistía humillante y de segunda, y que dicha comisión se lo ha puesto en bandeja para acabar con los efectos de la represión.

  Pues bien, dicha información tergiversada de medias verdades, y en consecuencia falsa, la expande ahora el Gobierno, saliendo al día siguiente con el mismo desarrollo de ideas inexactas y partidistas en varios periódicos de gran tirada nacional, con apenas excepciones. Dos días más tarde, primeras autoridades jurídicas como el expresidente del TC, Juan  J. González Rivas, y la Catedrática de Derecho constitucional Teresa Freixes, dejan patente la burda manipulación iniciada objetivamente por una profana en derecho, conforme iría contra derecho internacional y sus tratados en especial, contra el art. 20,  y demás principios y valores de la Carta de Derechos Fundamentales de la U.E., contra la propia Constitución, la jurisprudencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la separación de poderes, la seguridad jurídica, la normativa europea sobre la malversación de caudales públicos, la normativa antiterrorista europea, e incluso contra la propia Jurisprudencia del TC. Al afectar inexorablemente a la paz social, a la política y a la misma economía, y que curiosamente, es lo mismo que obra en el borrador de la Comisión de Venecia.

  Si como reza el libro expresado, que es resultado de un estudio profundo del “Comité de periodistas preocupados” realizado en la Universidad de Harvard en 1997,  la necesidad de comunicación es un hecho innato y vital para  el ser humano; en vista de la falta patente de credibilidad de la prensa convencional actual, alineada y subvencionada, y de su auténtica función vital para sostener la democracia, unido a su esencial función de averiguar y plasmar “la verdad” para reflejársela al ciudadano en su necesaria “fidelidad profesional”, no sería mala idea,- más viendo lo sucedido en el S.XX- dar plena autonomía económica en plan de igualdad a todos los medios, evitando con ello su dependencia absoluta respecto a los gobiernos y de sus  propios intereses de turno, – que no necesariamente son los generales– a través de una “cantidad presupuestaria” asignada, eliminando con ello  por ende, tanto la competencia desleal, -en ocasiones fruto de la mera ideología o  mansedumbre- , como los consiguientes posibles delitos penales que pudiera generar el otorgar arbitraria o discrecionalmente, dinero público de todos, para intereses creados de unos pocos, como es actualmente lo habitual.

  Por cierto, que no se sienta aludido algún profano en derecho por esas clases magistrales con las que nos pretenden ilustrar-  que suelen ser de tendencia separatista-, auténticos doctos en el difícil arte de usar la “goma de borrar”, que no contentos en pretender anular al propio Poder Judicial, hasta aspiran a suprimir el mismo “statu quo” internacional. Si por el contrario, sintiesen inusualmente, una mínima culpabilidad, como consuelo decirles, que incluso auténticos “Catedráticos” afines, verdaderos “estómagos agradecidos”, las cuentan tan gordas y grandes como la Torre Eiffel, y todo ello sin despeinarse, incluso sin molestarse de terminar sus particulares alegatos con un mero y humilde: “ello, sin perjuicio, de un mejor dictamen fundado en derecho”.

José Manuel Gómez