En el Vallès Oriental, sólo con los datos publicados de Mollet y Granollers, se han producido 256 desahucios a lo largo de 2020.
Ayer, jueves 4 de febrero, el Consejo General del Poder Judicial publicó su informe trimestral sobre desahucios, que se da los datos de todo el 2020. A pesar de la pandemia, las medidas decretadas por el Gobierno central y la Generalitat y los meses sin actividad judicial, los datos son que se ejecutaron 256 desahucios. De estos procedimientos 185 se produjeron en el ámbito judicial de Granolllers y 71 al de Mollet.
La mayoría de desahucios (187) fueron por procesos derivados por impagos de alquileres. De estos 53 fueron en Mollet y 134 en Granollers. Las ejecuciones hipotecarias fueron 55: Mollet (12) y Granollers (43). También hubo 14 por otros motivos como ocupaciones. En Mollet fueron 6 y en Granollers 8
La cifra comparada con el 2019 indica que los desahucios se han reducido a más de la mitad. Desde la PAH de Mollet y el Baix Vallès recuerdan que «los datos son engañosas. Hay que tener en cuenta que en el periodo de marzo a junio, por confinamiento los juzgados estuvieron cerrados y no haber desahucios ya que todos los procedimientos abiertos van quedar suspendidos «.
Para la PAH los datos en toda España, 29.406 desahucios 72% por alquiler, «son una clara muestra del fracaso del famoso escudo social y así como de la necesidad de regular el precio de los alquileres». También indican que «el aumento del 17’5% en nuevas ejecuciones hipotecarias, pone de manifiesto la desprotección a día de hoy a las familias hipotecadas. Estos datos muestran más que nunca la necesidad de una ley estatal que garantice el Derecho a la vivienda y proteja a las personas dejando de lado los intereses de las élites capitalistas, banco y fondos buitre «.
Cataluña sigue siendo el territorio con más desahucios del todo España, con 5.737 (19,5% del total nacional), un 73% derivados del precio del alquiler y el territorio con más ejecuciones hipotecarias. «Datos alarmantes que ponen sobre la mesa la necesidad de contundencia, por parte de la Generalitat como de los Ayuntamientos, a hacer cumplir la Ley 24/2015. Datos que refuerzan la necesidad de recuperar, por ley, el Decreto 17/2019 recientemente suspendido por Tribunal Constitucional «, dicen desde la PAH.
