La Coordinadora del Moviment Veïnal del Vallès, como consecuencia del aumento en las tarifas del gas y electricidad ha dado a conocer una nota de prensa en la que denuncia “el nuevo y salvaje ataque contra la economía familiar con la subida de la factura de la luz (22,2 a 27%) y el gas y más si cabe en unos momentos que debido a la pandemia, la precariedad económica de cientos de miles de familias es evidente como demuestra el hecho de que la pobreza energética alcance a más de 5 millones de personas, mientras que las tres grandes compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa), no han cesado de obtener pingues beneficios año tras años”.
Un aumento de la demanda energética, la apreciación del gas y una menor producción de energías renovables son la tormenta perfecta que empuja al alza el precio de la luz. Al respecto Red Eléctrica ha comentado en un twitter: “El precio lo marca un sistema informático que casa las ofertas a nivel europeo y en el que influyen la situación extraordinaria de alta demanda por la ola de frío; la moderada producción de renovables y los precios internacionales del gas”.
La Coordinadora comenta en su nota de prensa que “la situación de precariedad y marginalidad en aumento galopante que estamos sufriendo especialmente en la última década con la crisis económica del 2008 y ahora con la pandemia, obliga más que nunca a los poderes públicos a que se impliquen en la defensa del interés general por encima de los intereses privados de grandes oligopolios. Es hora de avanzar en la nacionalización de aquellos servicios públicos que, por ser esenciales para la ciudadanía, no pueden estar en manos de empresas privadas, ni objeto de mercantilización, como es el caso de los suministros como la luz, el gas, el agua…”.
Las distribuidoras aseguran que las bajadas o subidas en el precio de la electricidad no afecta a todos los consumidores por igual. Sólo lo notarán aquellos que se hayan acogido a la tarifa del mercado regulado o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC). En España hay casi 11 millones de clientes abastecidos por comercializadoras de referencia, que son las que suministran la energía a los consumidores con PVPC, según los datos de la CNMC. Esta alza también afectará a los más vulnerables, ya que los beneficiarios del bono social deben tener obligatoriamente esta tarifa.
La Coordinadora finaliza diciendo que “instamos a los poderes públicos que correspondan a poner en marcha los procesos necesarios para ello y en particular a los ayuntamientos de nuestros municipios (que tienen su nivel de responsabilidad) para lanzar campañas informando a la ciudadanía sobre sus derechos ante los cortes de luz, agua y gas por falta de pago y que utilicen todos los mecanismos a su alcance en aras a cubrir las necesidades de los sectores del vecindario más necesitado y en riesgo de exclusión”.
El incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista no se traduce en un aumento con la misma intensidad en la factura de la luz, ya que el consumo solo supone entre un 35% y un 40% del recibo (de los consumidores que tengan contratada la tarifa regulada). Esto mismo ocurre en los momentos valle del precio de la energía, cuanto tampoco se traslada de forma directa en una rebaja en la misma proporción.
