El Gobierno de la Generalitat ha acordado este miércoles el cierre de los bares y restaurantes hasta finales de mes. Pero no sólo ha endurecido las restricciones a la restauración y la hostelería: las nuevas medidas afectan al comercio, tanto local como a las grandes superficies, el ámbito deportivo y cultural, y la celebración de eventos como congresos, que quedan suspendidos durante quince días.
El Procicat ha acordado estas medidas tras reunirse con representantes de los sectores afectados y el plan entrará en vigor cuando se publique en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC).
La resolución impide el consumo en el interior de los locales y las terrazas y únicamente habilita el servicio de recogida de comidas o bebidas. Se trata de una limitación casi idéntica a la que se desplegó en la llamada fase 0 de la desescalada, la más incipiente y restrictiva en la mayoría de ámbitos sociales.
El ejecutivo también impone aforos del 30% a los comercios, independientemente de su superficie, y los mercados ambulantes. También se cierran las salas de juegos, bingos y casinos, y se suspenden los congresos, las ferias y las convenciones previstas en octubre. Además, los teatros y los cines tendrán que reducir a la mitad su aforo, por debajo del 70% que tienen permitido ahora mismo.
Las restricciones buscan reducir a mínimos la interacción social, ya que el ejecutivo atribuye el aumento descontrolado de los contagios al relajamiento de la población. El objetivo es frenar el avance del virus y esquivar una intervención del Estado como la que se desplegó la semana pasada en la Comunidad de Madrid. Pero el Gobierno va más allá: asegura que quiere evitar a toda costa medidas más drásticas como el confinamiento domiciliario de la población. Actualmente, la Red de Vigilancia Epidemiológica de Cataluña (XVEC) vigila y estudia un total de 1.316 brotes activos. A mediados de septiembre había 911.
Las restricciones al sector de la restauración se han presentado esta mañana a los diferentes gremios y federaciones del país, los cuales se enteraron de las intenciones de la Generalitat ayer por la prensa y ya avisaban antes del encuentro que recurrirán la resolución por «señalamiento injusto». Consideran que las medidas son «desproporcionadas y arbitrarias» y no detienen el problema de raíz.
