Desde que salió la noticia del espionaje a alumnos y profesores sobre la utilización del catalán en los colegios y el seguimiento a 50 colegios de toda Cataluña, parece que ha más de uno se le ha helado la sangre y consideran que es indignante. Ahora se están dando cuenta de la situación que se está viviendo. Un hecho que no es nuevo y que debía de haberse atajado mucho antes. Ahora bien, no es un tema nuevo, sino vinculado a cierto programa y a la política llevada a cabo por los gobiernos de Convergència, PSC y ERC. Todos ellos están implicados en lo que ocurre hoy en día. Seamos sinceros, nos escandalizamos de algo conocido y que nadie hará nada por cambiar, pues los principales protagonistas del relato están y forman parte de la política catalana. Vayamos desde el principio y conozcamos cómo hemos llegado a esta situación.
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, dió a conocer en el año 1990 -concretamente el documento fue publicado por el diario El Periódico el 28 de octubre de 1990- el vademécum ideológico del independentismo conocido como Programa 2000. En el capítulo 2, dedicado a la Enseñanza, en el apartado 6 de Actividades Fundamentales, podemos leer:
“Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal”.
A partir de ese momento se estructuró jurídicamente el cuerpo de inspectores de educación. Así, en el año 2000 se aprobó el decreto por el cual se regulaba la Inspección en la educación. En el 2002 la orden para desplegar la organización y el funcionamiento de la inspección en la educación. Hubieron algunos cambio en ambas órdenes, pero de carácter administrativo.
No es hasta el año 2007 cuando se aprueba la primera resolución de méritos para las plazas de inspector de educación. Eso sí, en comisión de servicios. Esto significa que, a pesar del concurso de méritos, eran designados a dedo y eran de la confianza de la conselleria de Educación. Dicho de otra manera, estas personas estaban destinadas y cumplirían a raja tabla no sólo el capítulo 2 anteriormente citado, sino todo lo que la conselleria les mandara. La conselleria se involucró al respecto para, como decía el Programa 2000 de Jordi Pujol, “vigilar de cerca la elección de este personal”. Con un “personal” afin a la causa del Programa 2000 se podía empezar la “catalanización de los programas de enseñanza” sin ningún impedimento. Los inspectores, por decirlo así, eran y son adictos a la causa.
Se convocaron concursos de méritos los años 2008, 2009, 2013 y 2015. Anteriormente hemos dicho que sobre el particular están involucrados, directa o independientemente, Convergència, PSC y ERC. ¿Por qué? De 2000 a 2015 ha sido consellers de la Generalitat de Catalunya en Ensenyament: Carme Laura Gil i Miro (CiU), Ernest Maragall i Mira (PSC), Irene Rigau i Oliver (CiU), Josep Bargalló i Valls (ERC).
Y llegamos al punto clave de esta historia: el concurso de oposición. Recordemos que todos ellos estaban en comisión de servicios. Esto significa que la plaza estaba cubierta pero no era de su propiedad Alguna cosa se tenía que hacer porque, teniendo en cuenta las circunstancias, la tortilla se podía girar y dejar a todoas estos patriotas “fuera de juego” o en la calle.
De 2007 a 2015 en las resoluciones publicadas en el Boletín oficial de la Generalitat se crearon 40 comisiones de servicios para la inspección de educación. Teniendo en cuenta las circunstancias políticas catalanas, la posible aplicación del artículo 155 y sus posteriores repercusiones, el gobierno de Carles Puigdemont decidió moverse sigilosamente. ¿Qué hizo?
Para celebrar el primer aniversario del ilegal referéndum del 1 de octubre de 2017, el conseller d’ensenyament, Josep Bargalló, firmó una resolución donde se daba a conocer la lista definitiva de las personas que habían superado el concurso de oposición al cuerpo de inspectores de educación. Hasta aquí todo puede parecer normal. Siempre teniendo en cuenta que, desde el año 2007 no se había convocado ninguna oposición y que algunos de ellos llevaban muchos años en este puesto. Buena prueba son los datos que ellos mismos decidieron, en su momento, colgar en las redes sociales. Hemos suprimido los nombres, aunque sus nombres y designación es pública. Ponemos dos ejemplos, aunque todos ellos, en las redes sociales, no se esconden en el momento de afirmar que son inspectores, aunque no tuvieran plaza fija, y sin matizar que estaban en comisión de servicios:
¿Qué curiosidades encontramos en la resolución firmada por el conseller Bargalló? Principalmente dos. Una ya la hemos dicho, que es la convocatoria. La segunda que se hizo una resolución pensando única y exclusivamente en las 40 plazas creadas, en comisión de servicio, entre los años 2007 a 2015.
Sobre el particular nos podemos preguntar: ¿ante el miedo a una artículo 155 decidieron hacer un concurso para así tener ligado el Programa 2000? ¿El conseller Josep Bargalló ayudó a llevar a cabo el Programa 2000? ¿El líder de la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona tendría que dar explicaciones, pues la mayoría de inspectores en comisión de servicios fueron aprobados cuando era conseller d’ensenyament? ¿El PSC estaba de acuerdo, en su momento, con el Programa 2000 o fue una imposición de ERC durante le Tripartito? ¿Todos ellos siguieron los mandatos de Jordi Pujol?
Ahora nos rasgamos las vestiduras con el espionaje, pero la realidad es que nuestros hijos han sido vigilados y marcados ideológicamente desde el año 2007 mediante las medidas tomadas e impuestas por una serie de inspectores de ensenyament que, estando en comisión de servicios, han aplicado el Programa 2000 de Jordi Pujol. Quizás nos hubieramos tenido que rasgar las vestiduras hace muchos años e intentar normalizar la enseñanza en Cataluña.
César Alcalá
