Las agresiones graves a funcionarios de prisiones catalanas han aumentado el 53% durante 2018 con respecto al año anterior. En total, se registraron 49 episodios violentos con reclusos, frente a los 32 de 2017 y los 30 de 2016, según alerta el sindicato CSIF en un informe.
Si se atiende a valores absolutos –agresiones graves y leves– el número se dispara hasta 283 en las cárceles catalanes. Y entre todas ellas destaca la de Quatre Camins, en La Roca del Vallès, que fue en la que se produjeron más sucesos violentos, 67, con 16 funcionarios con lesiones graves; seguido de Brians 1 y 2, con 58 ataques cada uno; y Joves, también en La Roca del Vallès, que alcanzó las 32 agresiones.
Estos sucesos comportaron 49 bajas laborales de funcionarios, que generaron una media de 17,5 jornadas de ausencia por trabajador para sanarse de sus “dolencias físicas y psicológicas”, apunta el informe. Esto contrasta con los “menos de 10 días” de aislamiento que tuvieron que cumplir los internos responsables. Además, desde el sindicato aseguran que “en muchos casos el primer grado es el fin buscado por los violentos para escapar del módulo donde residen”.
CSIF, que matiza que algunos de los sucesos “quizá eran inevitables”, afirma que “un porcentaje muy elevado podía haberse evitado si determinadas direcciones hubiesen tomado medidas cuando había que tomarlas”.
En este escenario, el informe plantea la necesidad de revisar el Reglamento sancionador actual para comprobar si es “suficientemente estricto como para evitar que un agresor violento descargue sus frustraciones” contra los funcionarios. El sindicato va más allá y emplaza a las autoridades a reconocer como agentes de la autoridad a “un colectivo cada vez más envejecido”.
