El Tribunal Constitucional ha suspendido este jueves de forma cautelar la Ley del Referéndum aprobada el miércoles por el Parlamento de Cataluña y los decretos firmados para la consulta de autodeterminación del próximo 1 de octubre. El órgano presidido por Juan José González Rivas se reunió de urgencia por la tarde del jueves tras recibir las cuatro impugnaciones formuladas por el Gobierno contra el contenido de la norma, contra el decreto de convocatoria firmado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y contra el nombramiento de los cinco miembros de la Sindicatura Electoral.
El Constitucional también ha acordado apercibir personalmente a los 948 alcaldes catalanes entre ellos los 43 del Vallès Oriental, a al menos 62 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes, entre otros, a quienes les recuerda el deber de obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum del 1-O. Y se les avisa de que, en caso de no acatar la prohibición, se enfrentan a responsabilidades incluso penales. Este mismo jueves, tras aprobarse la Ley de Referéndum por el Parlament, diversos alcaldes del Vallès Oriental firmaron decretos de apoyo a la convocatoria además de comprometerse a ceder locales. Entre ellos están los de La Garriga, Sant Celoni, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor o Martorelles, todos ellos encabezados por alcaldes del PDeCat o ERC.
