El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha anunciado que ha dado orden de impugnar ante el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas este miércoles por el Parlament y la Generalitat para convocar el referéndum, y ha también que pedirá al alto tribunal que notifique a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización del 1-0 y a los 947 alcaldes de Catalunya que tienen «el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum». Entre estos alcaldes están los 43 del Vallès Oriental.
Según ha explicado, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que, por un lado, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Referéndum aprobada ayer por el Parlament y, por otro, impugne los decretos firmados después por el Gobierno de la Generalitat: el de convocatoria del referéndum y el que recoge las normas complementarias para su realización.
La petición del gobierno central llega pocas horas después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, enviara otra carta a todos los alcaldes catalanes para informarles de que para el referéndum del 1 de octubre cuenta con los mismos locales de votación que se utilizaron en las elecciones autonómicas de 2015. Además les da 48 horas para comunicar cualquier problema al respecto. Numerosos alcaldes de partidos independentistas, entre ellos algunos de la comarca como los de La Garriga o Cardedeu ya han puesto a disposición del Govern los locales de votación.
La carta a los alcaldes está firmada por Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras. Se informa a los ediles que se ha aprobado la Ley del referéndum así como el decreto que formaliza los detalles. “Nos dirigimos a usted para comunicarle que esta administración contará con los locales que se utilizan habitualmente en su municipio como centros de votación y que fueron utilizados en las elecciones del Parlamento de Cataluña de 2015”, afirman Puigdemont y Junqueras.
