Una actuación de la policía de Granollers de este verano ha derivado en una reclamación por una supuesta actuación ilegal. El pasado mes de julio, dos agentes de la policía local denunciaron a un vehículo por estacionar en la zona de carga y descarga del Mercat de Sant Carles…El vehículo infractor, matriculado en Gran Bretaña, fue retirado por la grúa tras comprobar que no tenía documentación ni seguro. Un caso nada extraño, de no ser que el vehículo propiedad de una empresa inglesa dedicada al transporte sanitario llamada Aesteticare S.L cuatro meses más tarde sigue en el depósito de vehículos a la espera de ser recuperado y que el Ayuntamiento de Granollers no ha cursado ninguna sanción…. El caso parece encallado. La retirada del vehículo, además, tuvo unas circunstancias personales añadidas. Al hacerlo se dejó sin medio de transporte a un ciudadano de la Gran Bretaña que únicamente hablaba inglés y que además era invidente.
La empresa propietaria del vehículo retirado, tras probar de recuperarlo por las vías ordinarias, ha abierto el camino de acudir a los tribunales. Como paso previo, el pasado viernes, 20 de noviembre, presentaron un requerimiento de cesión de Vía de Hecho – tal como se llama en la jerga administrativa a las la actuación de la administración fuera de su ámbito de su competencia o realizada al margen del procedimiento establecido- ante la Oficina de Atenció al Client(OAC) del Ayuntamiento de Granollers. El requerimiento se ha presentado contra los dos agentes de la policía local que retiraron el vehículo así como contra su superior.
El requerimiento pide al Ayuntamiento de Granollers que devuelva el vehículo, “reconozca la actuación que han llevado a cabo los manifestados agentes y el cuerpo de Guardia Urbana de Granollers por su mediación” y “manifieste expresamente la condición de vía de hecho de los hechos manifestados”.
En el requerimiento se señala que los hechos sucedieron el 9 de Julio de 2015 cuando el administrador de la empresa Michael Lancelot Marsden, llevó a dos clientes a un establecimiento farmacéutico “para que uno de ellos pudiera comprar sus medicamentos” y aparcó en la parte trasera del Mercat de Sant Carles. Allí fueron abordados por un agente uniformado e identificado de la Guardia Urbana de Granollers.
“Tras manifestar que el aparcamiento se había llevado a cabo en lugar de ilícito estacionamiento (teóricamente carga y descarga), y manifestar a su vez que la identificación de minusvalía del conductor (que puede llevarse sea conductor o su acompañante la persona efectivamente incapacitada) no era cierta sin ninguna base para ello, asi como determinar que el vehículo transitaba sin seguro, se procedió a retirar el vehículo, dejando al Sr. Marsden y a sus dos clientes, recordemos dos discapacitados, en la calle y sin ninguna posibilidad de movilidad”, explican.
La empresa, a través de sus representantes legales, ha intentado recuperar dicho vehículo en diversas ocasiones “mostrando multiplicidad de documentación, tanto solicitada por dicha Guardia Urbana como no solicitada, así como se ha mostrado a dichos agentes de este Cuerpo de Seguridad del Estado la legalidad de los hechos, explicándoles, probándoles e instruyéndoles a la vista de la necesidad en la legalidad de la situación de mi mandante”
Se señala que tanto “la legalidad de la situación del vehículo, como el perjuicio evidente producido como la ilegalidad en que se halla esta actuación de la Guardia Urbana es conocida por los agentes actores, aún y cuando no la hubieran conocido en un primer momento. A ello se le debe añadir que a fecha de hoy, casi 4 meses después de iniciada esta situación, ninguna sanción que implique la inmovilización del vehículo ha recaído sobre mi mandante, lo que contribuye a probar la consciencia de dicho Cuerpo de Seguridad del Estado respecto de la irregularidad de su conducta”
“Asimismo- siguen diciendo- la legalidad de la situación del vehículo y el perjuicio causado a mis mandantes se hallan perfectamente cuantificados y probados, lo que probará esta parte en el caso de tener que dirigirse a los Juzgados Contencioso-Administrativos para la resolución del problema”
