La Fiscalía investiga si el Ayuntamiento de Caldes de Montbui pagó correctamente o no las asignaciones con las que deben sufragarse los gastos de los grupos municipales. La fiscal Juana María García ha abierto diligencias para indagar en los cobros y ha requerido más información sobre el sistema de pago de las retribuciones de los grupos del consistorio al gobierno local.
La apertura de esta investigación llega después de que en noviembre de 2014 trascendiera que las agrupaciones de CDC y UDC en Caldes se habían estado quedando durante años el dinero con el que tenían que costearse las tareas de sus concejales. Eso se supo a partir de una instancia registrada, en septiembre de 2014, por los tres regidores de la federación nacionalista, donde exponían que no habían recaudado las percepciones que les correspondía como grupo y desconocían el destino de las cuantías que sumarían un total de 30.000 euros.
Los tres regidores, actualmente no adscritos, Àngels Pou, Susanna Vila y el concejal Joan Vendrell, según han explicado hoy en un comunicado, tras conocer el inicio de estas investigaciones han enviado un escrito a la fiscalía donde se ofrecen para “colaborar con la justicia y trabajar para una transparencia real”.
Los concejales enviaron este escrito el pasado viernes 27 de marzo y en el manifiestan, que “como concejales que integrábamos el Grupo Político Municipal de CiU en el Ayuntamiento de Caldes de Montbui, hasta el pasado 11 de marzo de 2015, nos ponemos a su disposición para cualquier aclaración o aportación que les pueda ser de ayuda en su investigación “.
Según explicaba hace unos días el diario El Mundo al comenzar el mandato, en 2011, los máximos dirigentes de las secciones de CDC y UDC pidieron al Consistorio presidido por el alcalde de ERC Jordi Solé que la dotación destinada a los grupos se fraccionara y se depositara en sus respectivas cuentas corrientes, que usaban para tal fin desde hacía años. Se operaba así aunque los grupos municipales son una entidad con derecho a fiscalidad propia y a pesar de que los fondos se reservan a dispendios del trabajo de los electos. De lo contrario, podría deducirse una financiación impropia de las formaciones.
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La agrupación de Unió en Caldes cobraba 333,33 euros al mes y la de Convergència, 458,34 euros por un decreto que el alcalde republicano Jordi Solé firmó en septiembre de 2011. Después de que el pasado verano ambos partidos rompieran con sus concejales, estos interpusieron una solicitud para que el Ayuntamiento cambiara el sistema y transfitiera las aportaciones directamente al grupo municipal. Los tres ediles completaron su ruptura con sus partidos hace unas semanas al renunciar a seguir representando a CiU y declararse no adscritos.
A través de un comunicado enviado por el teniente de alcalde Vicenç Personat a El Mundo este aseguraba que el gobierno local colaboraría “plenamente” con la Fiscalía y enmarcaba las diligencias en “un conflicto interno de CiU de Caldes por el destinatario final de la asignación”. Desde junio de 2011, los cinco grupos municipales de la población obtienen un fijo anual de 5.000 euros y un variable en función del número de regidores. Así, ERC ingresa al mes 1.250 euros; los ex miembros de CiU, 375; PSC, 250, y tanto PP como ICV-EUiA, 125 euros.
