El comité de trabajadores y las secciones sindicales de CCOO, UGT, CGT y SPL-CME en el Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt han presentado una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya en la que trasladan la “posible existencia de una práctica irregular, estructural y sostenida en el tiempo” en el ejercicio de la potestad disciplinaria municipal.
Según el comunicado conjunto, los representantes sindicales sostienen que existirían “indicios de una utilización desviada” de esta potestad, que se traduciría, siempre según su versión, en una aplicación “especialmente rigurosa” del régimen disciplinario a trabajadores y representantes sindicales con actividad crítica, mientras que, en paralelo, se produciría una “aparente inactividad o tolerancia” ante otras posibles irregularidades que afectarían a mandos intermedios, responsables políticos o determinados empleados.
El 3 de marzo como punto de inflexión
El escrito sitúa el 3 de marzo de 2026 como un momento clave. Según los sindicatos, dos días hábiles después de una protesta en el pleno municipal por el bloqueo de la negociación colectiva, se notificaron simultáneamente cuatro expedientes disciplinarios a delegados sindicales y trabajadores participantes en dicha protesta.
De acuerdo con el comunicado, los hechos imputados en estos expedientes corresponderían a momentos temporales distintos —algunos de meses atrás— y no habrían sido objeto de actuaciones previas. Los sindicatos interpretan que la coincidencia temporal “evidenciaría el uso instrumental del régimen disciplinario para intimidar”, una afirmación que no ha sido confirmada por el consistorio.
Casos expuestos por los sindicatos
El comunicado recoge otros ejemplos que, según los denunciantes, apuntarían a una “dinámica reiterada”. Entre ellos, mencionan la apertura de varios expedientes a un delegado sindical por hechos que califican de “escasa entidad”, o la incoación de un expediente a un exdelegado por permisos antiguos que finalmente fue archivado.
Asimismo, indican que, tras los últimos expedientes, varios trabajadores habrían trasladado al comité posibles situaciones irregulares que, “de confirmarse”, podrían ser graves. Entre ellas, citan la supuesta priorización de trabajos municipales en domicilios particulares, el uso de sistemas de videovigilancia para el control de la actividad sindical o la tolerancia de actividades privadas en horario laboral.
Otras denuncias y procedimientos en curso
Los sindicatos también señalan que existirían diligencias penales en curso por una denuncia de acoso laboral y sexual presentada por una agente de la Policía Local hace más de un año, y apuntan que, “aparentemente”, no se habría iniciado un expediente disciplinario interno relacionado con este caso.
Además, denuncian situaciones de “desatención reiterada” a solicitudes de mejora de condiciones laborales y posibles casos de trato desigual. En este contexto, informan de que dos trabajadores han solicitado recientemente la activación de protocolos de acoso laboral, que se sumarían a otras denuncias previas en los últimos años.
Petición de imparcialidad en la investigación
En su escrito, el comité y las secciones sindicales solicitan que determinadas personas —entre ellas cargos políticos y responsables administrativos— sean apartadas de la instrucción de los expedientes disciplinarios, al considerar que podrían existir “indicios de parcialidad”. También piden que se garantice la objetividad en los procedimientos.
Los sindicatos advierten de que la situación descrita podría afectar “gravemente” a derechos fundamentales como la libertad sindical, al generar un posible efecto disuasorio.
Solicitud de investigación independiente
Por todo ello, han solicitado a la Oficina Antifrau de Catalunya la apertura de una investigación independiente, así como la aplicación de medidas de protección para las personas informantes conforme a la legislación vigente.
Finalmente, las organizaciones sindicales expresan su disposición a colaborar con las autoridades competentes “para garantizar el respeto a la legalidad, la transparencia institucional y la correcta aplicación del régimen disciplinario”.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt no ha hecho pública su valoración sobre estas acusaciones, que se encuentran en fase de denuncia y deberán ser objeto de investigación, manteniéndose en todo caso la presunción de inocencia de la institución y de las personas afectadas.
