La situación actual de los CETS es de una gran dificultad. Durante los últimos años, los recortes de la administración han provocado un debilitamiento continuado de su situación financiera y junto con otras problemáticas no resueltas inherentes al modelo, los han llevado a una situación insostenible. Además, ante esta difícil situación tienen que hacer frente también a un incremento del Salario Mínimo Interprofesional del todo inasumible para la mayoría de los CETS. Para luchar contra ello los ocho centros que existen en el Vallès Oriental han convocado este viernes una concentración de protesta en la Porxada de Granollers.
El incremento del SMI es un avance social en el que están de acuerdo, pero su aplicación en el contexto actual de debilidad de los CETS, pone en riesgo el mantenimiento de 9.000 puestos de trabajo de personas con discapacidad con especiales dificultades. Además, el actual incremento del SMI para 2019 es muy superior a los incrementos que se habían ido consolidando en los años anteriores. Supone un incremento del 22% que se ha producido sin ningún margen de planificación para las entidades y que no ha venido acompañado de ninguna medida de apoyo.
Así, los efectos de este incremento son especialmente críticos en nuestro país para que Cataluña ha sido pionera en la inserción socio-laboral de las personas con discapacidad con especiales dificultades, y la colaboración público-privada ha permitido tener un modelo más abierto e inclusivo que ha generado miles de puestos de trabajo y ha promovido la inserción social y el desarrollo de estas personas.
Reclaman al gobierno español que aumente el porcentaje de financiación del SMI para las personas con discapacidad con especiales dificultades y que destine la financiación necesaria a las comunidades autónomas para hacerlo posible. Además, exigen que esta solución esté garantizada al margen de los debates políticos. Consideran que no son moneda de cambio de nadie. Sólo piden que por encima de cualquier debate se garanticen los derechos de personas vulnerables.
¿Qué pasará con todas estas personas que están trabajando? ¿Lo tienen que dejar de hacer porque los gobiernos no asumen sus responsabilidades ni compromisos para velar que se sigan garantizando los derechos? Los Centros Especiales de Trabajo de personas con especiales dificultades se sienten olvidados y despreciados, y exigen acción y responsabilidad para hacer frente a problemas reales y urgentes.
¿Cuáles son sus exigencias o que piden a la administración para poder seguir adelante con su labor social? Se puede resumir en tres puntos:
1. Un incremento de la financiación hasta el 75% del SMI de ayuda, al menos hasta que haya un nuevo modelo de financiación que garantice el derecho al trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades. Concretamente se trata de aproximadamente 28 millones de euros en el presupuesto anual.
2. La definición de un nuevo modelo que garantice el derecho al trabajo a las personas con discapacidad con especiales dificultades y dé soluciones transversales, entre otras, a las problemáticas del envejecimiento, la flexibilidad y competencia desleal. Desde el AEES Dincat ha trabajado una propuesta de modelo: “Libro blanco para la formación, empleo y trabajo de las personas con discapacidad y especiales dificultades en Cataluña”; que se presentará a finales de enero.
3. Que se cumplan los compromisos, que se pague con responsabilidad y que se solucionen las situaciones de urgencia como el envejecimiento prematuro.
