
Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Horta-Guinardó han detenido el ocho de julio a cinco personas de entre 22 y 54 años por delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal. Las detenciones se han practicado en Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac, presuntamente vinculadas a un grupo criminal especializado en la suplantación de identidad y la estafa financiera.
La investigación, iniciada a raíz de varias denuncias por suplantación de identidad y contratación fraudulenta de productos financieros, culminó con una entrada y pesquisa en un domicilio de Cerdanyola del Vallès, donde los agentes intervinieron 1.600 documentos de identidad de personas de todo el Estado español, documentación bancaria, 3 teléfonos móviles.
Los investigadores han acreditado que, en un período de tan sólo 12 días, el grupo criminal obtuvo un beneficio ilícito superior a 131.000 euros, mediante el vaciado de tarjetas contratadas fraudulentamente a nombre de las víctimas suplantadas. La investigación sigue abierta y no se descarta la localización de nuevas víctimas, dada la gran cantidad de documentación intervenida todavía pendiente de análisis.
Un modus operandi por fases
Los investigados obtenían documentación de identidad sustraída a las víctimas, la conservaban durante largos períodos y seleccionaban a la persona del grupo con más semejanza física para suplantar su identidad. Con el DNI y los datos bancarios obtenidos fraudulentamente en entidades financieras, contrataban tarjetas de crédito y productos de financiación en establecimientos comerciales, sustituyendo los datos de contacto de las víctimas por otros bajo su control para evitar ser detectados. El objetivo era contratar varios productos financieros en poco tiempo y maximizar el crédito disponible antes de que el fraude fuera descubierto.
Retiradas de efectivo en establecimientos de juego
La fase final consistía en monetizar los productos financieros contratados fraudulentamente. La principal vía detectada era la retirada de efectivo en establecimientos de juego, en donde los integrantes del grupo efectuaban operaciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar prácticamente la totalidad de los límites de las tarjetas.
Paralelamente, parte del crédito también se destinaba a la adquisición de teléfonos móviles de alta gama y otros productos de fácil reventa.
Claves de la investigación
Uno de los elementos más relevantes para los investigadores ha sido el análisis de las líneas telefónicas utilizadas en las contrataciones fraudulentas. Las tarjetas SIM eran dadas de alta con identidades falsas o de terceras personas, pero el estudio de los terminales móviles permitió relacionar múltiples hechos delictivos e identificar los dispositivos utilizados de forma recurrente por el grupo.
La investigación también contó con el análisis de documentación bancaria, imágenes de videovigilancia, registros de acceso a establecimientos de juego, seguimientos policiales y otras diligencias técnicas que han permitido acreditar la actuación conjunta y coordinada de los investigados.
Una estructura criminal con reparto de roles
Las diligencias apuntan a la existencia de un grupo criminal estable y organizado con una clara distribución de funciones. La organización disponía de personas encargadas de obtener documentación sustraída, ejecutores de las suplantaciones presenciales, gestores de las líneas telefónicas y de los terminales móviles, responsables de vigilancia y soporte logístico y, finalmente, miembros dedicados a retirar el dinero o adquirir productos con el crédito obtenido fraudulentamente.
La reiteración de los hechos, la participación coordinada de los investigados, el uso compartido de dispositivos e identidades y su presencia conjunta en diferentes fases de la operativa han permitido acreditar indiciariamente la existencia de un grupo criminal orientado a la obtención continua de beneficios económicos ilícitos.
El Modus operandi se hace modus vivendi
La investigación apunta a que los principales investigados conservaban documentación sustraída, datos bancarios y otras evidencias relacionadas con los fraudes. Uno de los presuntos líderes del grupo ya había sido investigado por hechos similares y, en una operación conjunta de los Mossos y la Policía Nacional en el 2018, se le intervinieron cerca de 1.400 documentos de identidad. Las últimas actuaciones también han permitido localizar documentación de terceros, documentación bancaria y dinero en efectivo, reforzando los indicios de continuidad de la actividad delictiva.



