Profesionales de la atención primaria del Vallès Oriental y del Vallès Occidental han manifestado su creciente preocupación ante el aumento de situaciones de violencia en el ámbito sanitario. Este ha sido el eje central de una jornada celebrada en Terrassa, en la que han participado responsables de atención a la ciudadanía, expertos en riesgos laborales, representantes de los Mossos d’Esquadra y विभिन्न áreas del sistema sanitario catalán.
Una problemática en aumento
El encuentro, organizado por la Región Sanitaria Barcelona Metropolitana Norte, ha puesto de relieve el impacto que las agresiones tienen en el día a día de los profesionales. Durante la sesión se ha abordado la necesidad de prevenir estos episodios, mejorar su gestión y reforzar el acompañamiento a las víctimas.
Candela Calle, gerente de la región sanitaria, destacó que el objetivo principal ha sido reflexionar de forma conjunta sobre cómo prevenir la violencia, así como proporcionar herramientas jurídicas y organizativas a los profesionales. También subrayó la importancia de que estos perciban el respaldo institucional ante esta problemática.
Falta de notificación y necesidad de actuar
Por su parte, Jordi Vilana, director general de Profesionales del Departamento de Salud, alertó sobre la falta de cultura de notificación de estos incidentes. Según explicó, muchas agresiones no se denuncian, lo que dificulta conocer la magnitud real del problema y adoptar medidas eficaces.
Vilana insistió en que cualquier forma de violencia, ya sea verbal o física, es inadmisible y debe ser denunciada. Asimismo, remarcó la necesidad de trasladar a la ciudadanía un mensaje claro: no se tolerarán comportamientos agresivos hacia los trabajadores sanitarios.
Datos preocupantes en Cataluña
Durante la jornada se presentaron los primeros datos del registro impulsado por el Observatorio para Situaciones de Violencia en el Ámbito Sanitario de Cataluña (OSVASC). Según estas cifras, en el último año se registraron 3.039 agresiones a profesionales sanitarios en Cataluña.
Los datos muestran que:
- La mayoría de las víctimas son mujeres y profesionales de atención primaria.
- Las agresiones se reparten de forma similar entre personal de enfermería (27%), facultativos (27%) y personal administrativo (23%).
- Cerca del 90% de los casos son agresiones no físicas, como insultos o amenazas.
- La mayoría se producen en atención presencial, especialmente en consultas (39%) y mostradores de admisión (28%).
Aunque se trata de las primeras cifras sistematizadas, todavía no reflejan la totalidad del sistema sanitario público. El registro se ampliará próximamente y se prevé incluir también datos del ámbito privado.
Nuevas herramientas y marco legal
En este contexto, se presentó el anteproyecto de una nueva ley orientada a la prevención, protección y respuesta frente a la violencia ocupacional en el ámbito sanitario. Esta normativa pretende ir más allá de las sanciones, estableciendo un nuevo marco de relación entre profesionales, instituciones y usuarios.
El objetivo es reducir al máximo estas situaciones y garantizar tanto la seguridad de los trabajadores como la calidad asistencial.
Coordinación y prevención
La jornada también incluyó varias mesas de trabajo en las que se compartieron protocolos de actuación, estrategias de prevención y experiencias prácticas. Profesionales de distintos centros sanitarios explicaron cómo gestionan las denuncias, el registro de casos y el acompañamiento a las víctimas.
Además, se analizó un caso real desde una perspectiva multidisciplinar, evidenciando las dificultades que afrontan los profesionales y la importancia de la coordinación entre servicios sanitarios, jurídicos y cuerpos de seguridad.
Un reto para todo el sistema
Los participantes coincidieron en que la violencia en el ámbito sanitario es un problema complejo que requiere una respuesta conjunta. La mejora de los sistemas de registro, la sensibilización de la ciudadanía y el refuerzo de los mecanismos de apoyo a los profesionales se consideran claves para afrontar este reto.
La sesión concluyó con un mensaje claro: ninguna forma de violencia es aceptable, y su erradicación es una prioridad para garantizar un entorno seguro tanto para los profesionales como para los pacientes.
