Los alcaldes y alcaldesas de las ciudades del Arco Metropolitano de Barcelona, entre ellas la de Granollers, han mantenido una reunión con la Directora General de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Mireia Boya Busquet, con el objetivo de trasladar las disconformidades creadas a raíz de la presentación del proyecto de Decreto del Plan de Calidad del Aire, y con la necesidad de acercar posiciones respecto a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios del Arc Metropolità. El plan de calidad del aire que se prevé provocaría graves problemas en algunas ciudades como Granollers donde podría llegar a prohibirse la circulación de más de la mitad del actual parque automovilístico.

Según datos de la Dirección General de Transit, Vilanova y la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró y Sabadell serían las ciudades más afectadas por las restricciones de los vehículos sin etiqueta y con etiqueta B, prohibiendo la circulación a más de la mitad del parque automovilístico de las ciudades. En este sentido, los alcaldes y alcaldesas recuerdan que estas medidas afectan claramente a la ciudadanía con rentas más bajas y que no pueden cambiarse de vehículo de forma habitual.

En este sentido, las ciudades del Arco iniciaron una labor conjunta para consensuar un modelo propio de ZBE en los nueve municipios, teniendo en cuenta una mirada social y la realidad territorial. Las líneas principales que definían este modelo se presentaron durante una reunión celebrada con la anterior consejera, Teresa Jordà Roura, el pasado mes de febrero de 2022. Por el contrario, el Decreto del Plan de Calidad del Aire, presentado el último mes y que en estos momentos se encuentra fase de resolución de alegaciones, modifica sustancialmente todo este trabajo realizado por los ayuntamientos y no tiene en cuenta la realidad social, económica y de transporte de la región.

Los alcaldes y alcaldesas del Arco Metropolitano se muestran contrarios a la redacción tal y como está este decreto que, como ya le trasladaron por carta al conseller, genera una clara invasión de competencias municipales. Entre otros aspectos, no respeta la especificidad de los municipios de la segunda corona metropolitana por las grandes vías de comunicación de alta capacidad que atraviesan el territorio y el déficit estructural de transporte público que sufren sus municipios, y que la Generalitat de Catalunya no ha sabido solucionar en la última década.

Por otra parte, cabe destacar que no se está realizando de forma rigurosa un control de los resultados de estas políticas, y que es necesario demostrar con datos empíricos su eficacia en la lucha contra el cambio climático. Si no, se corre el riesgo de generar desafección entre la ciudadanía con medidas que impactan en su forma de vida sin tener claro si están sirviendo de forma real.

Por todos estos motivos, durante la reunión se ha pedido la retirada de este decreto y se ha emplazado al Departamento de Acción Climática a consensuar un nuevo decreto con medidas que sean más efectivas, realistas y adaptadas al territorio y con el compromiso de la Generalitat de Cataluña de invertir más en transporte público y de emprender acciones más valientes en la lucha contra el cambio climático y no traspasar exclusivamente la responsabilidad a los ayuntamientos como se está haciendo hasta ahora.

Sin embargo, de la reunión mantenida este lunes, las partes se han emplazado a seguir trabajando a la espera de resolver las alegaciones presentadas y buscar un punto de consenso.