
El próximo 11 de diciembre hará apenas dos años que tuvo lugar el incendio ocurrido en la empresa Ditecsa, ubicada en Montornès del Vallès y dedicada al reciclaje de disolventes, que comportó vertidos tóxicos en el medio fluvial, así como en el sistema de saneamiento, provocando graves daños en el río Besòs y en la EDAR Montornès.
Dos años después, el tramo de río Besòs afectado, según ha informado hoy el Consorcio del Besòs Tordera, “se encuentra totalmente recuperado, salvo por las poblaciones de peces que tienen una velocidad de recuperación más lenta y necesitan más tiempo para estabilizarse y alcanzar los niveles anteriores a la catástrofe”.
Recordemos que, enseguida del incidente, ACA y Consorcio activaron el plan de choque, que se desplegó entre diciembre de 2019 y julio de 2020. De hecho, a los seis meses, los diferentes muestreos de la zona constataron que la toxicidad y contaminación en el medio prácticamente habían desaparecido, salvo un penacho de agua subterránea contaminada localizada y situada en un radio de aproximadamente 300 metros alrededor de la zona siniestrada, que fue posteriormente acotado y tratado con sistemas de remediación por parte de la empresa responsable.
La evolución de los diferentes parámetros de calidad del río son analizados por la ACA en el marco del Programa de Seguimiento y Control que realiza de manera habitual.
En estos momentos, todavía permanece abierta la causa judicial que instruye el juzgado de Granollers, después de que el pasado mes de febrero fuera admitida a trámite la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente contra la empresa por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y otro relativo a la protección de la flora y la fauna, de la que el Consorcio Besòs Tordera y la Agencia Catalana del Agua (ACA) también se han personado como acusación particular. Dentro de este procedimiento judicial, durante el pasado mes de junio tuvieron lugar las declaraciones de los trabajadores que estaban allí en el momento de los hechos, así como del director general y de su máximo responsable en Cataluña. El próximo mes de enero están previstas nuevas declaraciones y es muy probable que, con éstas, se dé por concluida la instrucción.
Incorporado dentro de este mismo procedimiento, se está gestionando el expediente sancionador que el Consorcio abrió a la empresa cinco días después de los hechos, el 16 de diciembre de 2019, por los daños ocasionados en el sistema de saneamiento. Este expediente contempla una indemnización de 395.276,37 euros para el resarcimiento de los daños ocasionados en las instalaciones de saneamiento y una sanción por valor de 401.276,37 euros.
Por su parte, la empresa responsable de los daños está llevando a cabo un proyecto de restauración, incluido dentro del expediente de Responsabilidad Ambiental que se tramita desde la Oficina de Gestión Ambiental Unificada en Barcelona (OGAU) y que tiene objetivo garantizar la restauración del entorno afectado. La ACA está siendo la encargada de realizar el seguimiento y asesoramiento técnico de este expediente. Estos trabajos incluyen también la descontaminación del acuífero, que quedó acotado en el recinto de la empresa, y hace unos meses que se puso en servicio la planta de descontaminación de las aguas subterráneas.




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