La Policía Nacional ha desarticulado en Sant Cugat una organización dedicada a la venta de contratos fraudulentos de empleado del hogar para regularizar ciudadanos extranjeros, principalmente de Pakistán y Marruecos. Los interesados llegaban a pagar hasta 8.000 euros por un contrato laboral, que era la vía para conseguir el permiso de residencia en España.
Se han detenido a seis personas, entre las que están los máximos responsables de la organización. Además, hay 17 personas investigadas, que residían en Sant Cugat y Cerdanyola del Vallès y que serían los que constaban como falsos empleadores y que habrían cobrado el dinero por los contratos falsos.
La investigación se inició en enero del 2020, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una serie de expedientes de solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales a nombre de ciudadanos extranjeros, mayoritariamente de Pakistán y, en menor proporción, de Marruecos. Las primeras comprobaciones permitieron concluir que y había indicios de ser fraudulentos.
Los expedientes correspondían a ciudadanos extranjeros en situación irregular desde hacía años y que residían en Barcelona y ciudades del entorno. En todos los casos, unos 40, había un contrato como empleado del hogar y se daba la circunstancia de que todos estaban tramitados por una misma persona con despacho profesional en Sant Cugat del Vallès. Este funcionaría como asesoría que tramitaría expedientes de extranjería.
Los investigadores pudieron concluir que detrás de los hechos había un grupo formado por seis personas, con vínculos laborales o de amistad entre ellos. De estos, tres serían los cerebros de la trama y los otro tres tenían la función de captar clientes entre sus compatriotas.
Así, a través de captadores contactaban con ciudadanos extranjeros en situación irregular. Una de las principales responsables de la trama vendía los contratos a cambio de unos 8.000 euros. La organización habría obtenido unos 320.000 euros de esta manera.
Los responsables de la trama captaban también a los supuestos empleadores, con quien tenían algún tipo de relación anterior y que ofrecían la posibilidad de conseguir hasta 3.000 euros por ofrecerse a contratar a un extranjero que en ningún caso terminaría trabajando para él.
Tras obtener el permiso de residencia y figurar dos meses de alta en la Seguridad Social, daban de baja al trabajar por ello no tener que pagar las cotizaciones de la Seguridad Social.
Los seis detenidos están acusados de delitos de falsedad documental, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal. Los 17 investigados también lo son por delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
En el registro realizado en el despacho de Sant Cugat se encontró documentación relacionada con la investigación, que se sigue analizando.
