Los propietarios de una explotación ganadera de Lliçà d’Amunt han aceptado un año de cárcel por un delito de maltrato animal continuado que perpetraron contra cientos de animales que tenían amontonados, sin comida ni bebida, entre heces, purines y cadáveres.
Tal y como han confirmado fuentes de la ONG AnimaNaturalis, que presentó la denuncia, los acusados, cuyo juicio comenzó este lunes en el juzgado de lo penal de Granollers, han alcanzado un acuerdo de conformidad con el ministerio público por el que han aceptado también cuatro años y ocho meses de inhabilitación para ejercer actividades económicas relacionadas con animales.
Dado que no hay antecedentes ni responsabilidad civil, se ha decretado la suspensión de la pena privativa de libertad, a no ser que vuelvan a delinquir en los próximos tres años. Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, ha indicado que «Se trata de la mayor pena posible contemplada por la ley actual, y una de las mayores condenas a maltrato a animales de granja en España».
Desde AnimaNaturalis agradecen la colaboración de la asociación Acción Legal Animalista, que ha llevado el caso desde el principio y se ofrece a brindar su apoyo a acciones por la defensa legal de los animales.
Los hechos se remontan a 2017, cuando vecinas de la zona alertaron a AnimaNaturalis de la grave situación de cientos de animales encerrados en una granja de Lliçà d’Amunt, sin agua ni comida. «Cuando un equipo de la organización fue a el lugar se encontró un panorama desolador: cientos de ovejas y cabras amontonadas en unas condiciones deplorables, sobreviviendo como podían, viviendo entre cadáveres y entre montañas de barro y purines y animales heridos sin ningún tipo de atención veterinaria», explican desde la entidad.
En 2018, un juez ordenó el decomiso preventivo del rebaño de cerca de 700 ovejas y cabras, después de que el equipo de la entidad animalista investigara la explotación y facilitara las imágenes obtenidas a los Mossos.
Durante la inspección, efectuada por los Mossos y el Departamento de Agricultura, se encontraron 40 cadáveres de ovejas y cabras en diferentes grados de descomposición, algunos enterrados bajo montañas de purines que cubrían un terreno de 800 metros cuadrados.
La incautación de los animales fue ordenada por el juez el 6 de marzo de 2018 y supuso la detención del propietario y de su padre, después de que supuestamente intentaran agredir a los agentes de los Mossos que contactaron con ellos para entregarles la resolución judicial que acordaba el comiso.
Desde AnimaNaturalis aseguran tras revisar el atestado, que la explotación acumulaba cerca de una veintena de denuncias a lo largo de la última década y que han podido destapar este caso gracias a la colaboración ciudadana y los avisos de los vecinos y vecinas de la zona. «En el sector ganadero se encuentra un problema de fondo: el año 2018 la administración sólo hizo 522 controles de bienestar animal, lo que supone sólo el 3% de todas las granjas catalanas», explica Gascón.»La Generalitat prohíbe que pueda entrar cualquiera con una cámara en las explotaciones, y por tanto, se hace muy difícil poder documentar negligencias e incumplimientos a la ley desde las entidades de protección animal».
En la operación, en la que participaron más de 30 agentes de los Mossos y técnicos del Departamento de Agricultura, además de veterinarios, se intervinieron 702 animales: 567 ovejas, 80 corderos, 50 cabras, dos ponis y tres perros, muchos con síntomas de desnutrición.
Algunos animales sufrían problemas de cojera provocados por la falta de higiene de las instalaciones, así como afecciones cutáneas provocadas por enfermedades parasitarias o una mala alimentación. En el exterior de la granja, se amontonaban 200 metros cúbicos de purines, mezclados con esqueletos y cuerpos en descomposición de animales muertos.
