El Ayuntamiento de la Roca del Vallès dotará a la Policía Local de más recursos para que mejore la seguridad ciudadana. Así, próximamente se equipará la Policía Local con dispositivos conductores de energía (las conocidas pistolas eléctricas) y con cámaras de grabación (DGP). El objetivo principal es que no se ponga en riesgo la integridad física de nadie, tanto de los agentes como de las personas que interactúen con ellos, y que se garanticen los derechos en todo momento. Estas herramientas sólo se utilizarán ante actuaciones por hechos delictivos graves o muy graves, y siempre bajo un estricto reglamento y mecanismos de control.
El concejal de Seguridad Ciudadana, Daniel Valls, explicó que «dotamos a la Policía Local de herramientas que servirán para reducir el uso de la fuerza y efectuar las operaciones complicadas con más garantías. Este nuevo equipamiento supone un salto de calidad muy importante que dará más seguridad a los agentes, y podrán ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, que es el principal objetivo de la policía de proximidad. El gobierno municipal hará los esfuerzos necesarios para garantizar la seguridad pública y para estrechar el vínculo entre el cuerpo y el conjunto del vecindario «.
Los agentes contarán con las pistolas electricas, dispositivos personales que emiten una descarga eléctrica de muy baja intensidad y duración, y facilitan que en casos de riesgo para la integridad física y la salud de los agentes o de la persona a quien se quiere intentar reducir, poder efectuar la detención con más seguridad para todas las partes. Sólo podrán utilizar la herramienta los agentes que hayan superado una formación específica, y su uso está totalmente limitado a situaciones de extrema gravedad. Además los agentes dispondrán de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) por cualquier imprevisto. Esto, junto con el dispositivo de grabación, permitirá efectuar detenciones de riesgo minimizando las consecuencias para la salud de las personas implicadas.
Los agentes irán equipados con los DGP, que son cámaras que llevarán en el pecho y graban vídeo y audio, con un sistema de seguridad que permite grabar aún no se haya activado el dispositivo y que no permite la edición del material. Gracias a estas grabaciones se podrán garantizar plenamente los derechos de la ciudadanía, quien contará de una prueba avalada por la Comisión de Videovigilancia de Cataluña si se denuncia alguna mala praxis, y del mismo modo los agentes también ganarán en seguridad ante posibles acusaciones infundadas. Todas las grabaciones que no tengan ninguna utilización en procesos judiciales quedarán destruidas al cabo de un mes.
