El fiscal especial de delitos de odio y discriminación de Barcelona ha pedido la apertura de juicio contra seis hombres por el caso conocido como ‘proyecto pilla-pilla’, una banda de jóvenes que se dedicó a acosar personas homosexuales en 2013, por delitos contra la integridad moral y la intimidad, con los agravantes de abuso de superioridad y de discriminación por motivos de orientación sexual. Para el líder del grupo y uno de los miembros, ambos vecinos de Granollers y Les Franqueses, el fiscal pide 21 años de prisión; para el resto, penas de seis y dos años de prisión. El fiscal relata como a finales de 2013 un joven de nacionalidad ucraniana creó una banda formada al menos por cinco jóvenes y un menor de edad -contra el que no se dirige el procedimiento- para imitar el grupo ruso ‘Occypay Pedofilya’, que tenía como “objetivo real perseguir, humillar y vejar gays”, con el falso “pretexto de identificar y neutralizar supuestos pederastas”. Las humillaciones contra homosexuales se produjeron cerca del Hospital de Granollers y en el barrio de Bellavista, en Les Franqueses.
La investigación de los Mossos permitió acreditar al menos tres ataques perpetrados por los miembros del ‘proyecto pilla-pilla’ entre noviembre y diciembre de 2013, en Les Franqueses del Vallès y Granollers.
El fiscal relata en el escrito de acusación como el líder del grupo, Mykola, conversó a través de canales de contactos íntimos con al menos tres personas gays con “una planificación previa y mediante el engaño, haciéndose pasar por menor de edad “.
En las conversaciones, se intercambiaron imágenes y vídeos y se explicaron detalles íntimos de sus fantasías y prácticas sexuales. Mykola concertó una cita con estos contactos; una “emboscada”, porque, en el momento del encuentro, apareció un grupo numeroso, entre 10 y 20 personas. Entre éstas, había en diferentes días los acusados y el menor de edad.
El Ministerio Público puntualiza que, con “el pretexto de cazar pederastas”, el propósito real de todos ellos era “atemorizar, humillar y tomar represalias contra hombres homosexuales”, aprovechando “la notable desproporción de la fuerza numérica”. El grupo siguió el mismo patrón en cada ataque. Rodeó la víctima para que no pudiera huir y, mientras uno de los acusados lo grababa, los demás le obligaban a responder un interrogatorio dirigido por el líder, con preguntas forzadas y vejatorias. Incluso obligaban a la víctima a facilitar ante la cámara el nombre completo, DNI y a reconocer “la falsedad que pretendía mantener relaciones sexuales con un niño”.
El fiscal constata como, aunque las víctimas no cedieran ante las pretensiones del grupo, Mykola manipuló las imágenes, por lo que parecía que hubieran reconocido ser pederastas. El líder del grupo difundió el vídeo por internet “con el propósito aparente que escarmentaran y no volvieran a fijar una cita sexual con ningún joven”. El Ministerio Público puntualiza que el mensaje de los vídeos es falso que todos los acusados ”tenían sobradamente edad para prestar consentimiento sexual”.
Los vídeos se convirtieron en virales y causaron una “grave afectación a la intimidad y dignidad de las víctimas, la imagen de las que aparecía de forma reconocible y humillante”, recoge el escrito de acusación, que detalla como en uno de los casos las imágenes llegaron a “su madre, a los vecinos de escalera, a la farmacéutica del barrio, al hijo de un compañero de equipo de fútbol”. “Sufrió el escarnio público de contemplar como, sin haber cometido ninguna ilegalidad, su imagen, su voz y su sexualidad se mostraban públicamente asociados a la pederastia”, subraya el escrito.
Los vídeos, que vieron más de 50.000 personas, se colgaron a la vez en Facebook y de Twitter, y en cuentas seguidas mayoritariamente por personas de “ideología nacionalsocialista” y que “expresaban públicamente comentarios de carácter homófobo y racista”, pone énfasis el fiscal especial de delitos de odio y discriminación.
También recoge que los ataques y los vídeos del ‘proyecto pilla-pilla’ causaron “alarma social” entre el colectivo LGTBI, que “temían por su seguridad e integridad” y que se vieron “gravemente afectados en su dignidad colectiva “.
El fiscal pide para Mykola y el miembro del grupo que grabó las imágenes dos años de prisión para cada uno de los tres delitos de integridad moral y seis para los tres delitos contra la intimidad, en total 21 años. Para dos de los otros acusados, pide seis años de prisión (dos por cada delito de integridad moral). Los otros dos miembros del grupo habrían participado en uno de estos ataques y, por tanto, el fiscal solicita dos años de prisión. El fiscal también pide indemnizaciones de 31.000 euros para cada una de las tres víctimas, 6.000 euros por el delito contra la integridad moral y 25.000 por los perjuicios morales derivados de la filmación de las imágenes y la posterior difusión masiva por las redes sociales.
