La delegación del Gobierno ha presentado un recurso contra la ordenanza de regulación de los clubes cannábicos de Granollers vigente en Granollers tras su aprobación por el pleno del pasado junio. El Estado, según informó la CUP de Granollers, centra su recurso en la interpretación que la ordenación de las asociaciones cannábicas puede incurrir en invasión de competencias, además de considerar que habilitaría la posibilidad de infringir la ley penal.
La ordenanza de Granollers fija que debe haber un mínimo de 150 metros entre los clubes y los centros educativos, sanitarios y equipamientos deportivos; limita en cinco gramos de marihuana o de hachís los que se pueden vender por día y socio, y marca los sistemas de ventilación y aislamiento acústico que se necesitan para abrir un club.
Según la CUP esta actuación se ha producido por que el Ministerio de Justicia ha pedido que la Abogacía del Estado impugne en Cataluña las ordenanzas municipales en materia de actividades relacionadas con las asociaciones cannábicas y sus clubes sociales.
Todo ello demuestra, según la formación, “una nueva injerencia de España y un ataque más contra la autonomía municipal que tiene por objetivo laminar las competencias de los ayuntamientos catalanes”.
La CUP granollerense también ha recordado que desde finales de julio de 2016, fecha en que el Parlamento admitió a trámite una iniciativa legislativa popular, está abierto el debate parlamentario de la futura ley catalana de regulación de las asociaciones de consumidores de cannabis en Cataluña.