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La Audiencia de Barcelona ha archivado este lunes, 16 de marzo, la causa abierta contra 40 alcaldes de Catalunya por cobrar dietas de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al considerar que se trata de una entidad privada y no pública. Esta decisión afecta a diferentes ediles y exediles del Vallès Oriental. Entre ellos el alcalde de ERC de Llinars, Martí Pujol; el actual alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño y el exalcalde socialista de Parets, Joan Seguer. También a la exalcaldesa de Bigues i Riells, Elena Argemí que tal y como informábamos hoy mismo, estaba citada a declarar como imputada por haber formado parte de la cúpula de la Federació de Municipis de Catalunya por las supuestas irregularidades en la compra de relojes para regalar a los propios miembros de la entidad municipalista.

Como se recordará la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado de Sabadell pusieron en tela de juicio las dietas que cobraron 40 alcaldes de Catalunya- entre ellos los ya citados- por su pertenencia a los órganos de gobierno de la Federació, durante los años 2011 y 2012. Cantidades diversas según el cargo, que, al ser fijas, eran prácticamente un sueldo, según la Fiscalía, que esgrimió que el 94% de la financiación de la FMC es pública, proveniente de los ayuntamientos, diputaciones, consells comarcals y subvenciones. Por tanto, al ser una entidad que se financiaba públicamente y por cargos públicos se estaba ante una presunta malversación.

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Sin embargo, los abogados defensores de los alcaldes llevaron ante la Audiencia que la FMC es una entidad privada a las que se afilia quien quiere, y que el dinero que recibe, por tanto, pierde el carácter público. Es como una empresa privada que recibe subvenciones, aunque esté liderada por alcaldes.

Y la sección tercera de la Audiencia Provincial les ha dado la razón: ha archivado la causa contra 40 alcaldes al considerar que se trata de una entidad privada. Por tanto, no hay responsabilidad de los ediles en el cobro de las dietas. Una falta de responsabilidad que se ampliará, según fuentes jurídicas consultadas, a recibir regalos como relojes. Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo esta resolución.

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