JORDI ABAYÀ
El próximo miércoles, 11 de abril, está previsto que se ejecute el derribo de la masía de Can Teixidor en Cànoves i Samalús. Estos días los propietarios de esta casa, de unos 500 metros cuadrados y de la finca aledaña de 16.000 metros cuadrados, Luis López y su esposa, están retirando sus enseres personales del interior en previsión de la próxima llegada de las máquinas excavadoras. La operación de derribo – que cuesta unos 42.000 euros – es sufragada por el Ayuntamiento de Cànoves i Samalús y se hace en cumplimiento de una sentencia del 30 de abril de 2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). La sentencia, que es firme, insta el derribo de esta construcción al considerarla ilegal. La razón es que su construcción se amparó en su día en unas licencias de obras “nulas de pleno derecho por haberse concedido prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente previsto”.
Luis López compró en 1987 la propiedad con la antigua masía en ruinas y en 1997 solicitó tanto el permiso para derribarla como para construir el nuevo edificio, cosa que se le autorizó por parte del Ayuntamiento. Al parecer el Ayuntamiento de Cànoves i Samalús, en este caso, tenía la obligación de pedir a Urbanisme de la Generalitat este permiso cosa que no hizo. Este es el motivo porque el tribunal declaró la nulidad “de pleno derecho de estas licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento demandado” y también los acuerdos posteriores del ayuntamiento de desestimar la revisión de oficio de estas nulidades. La cuestión podría no haber salido nunca a la luz, pero un largo pleito judicial entre los vecinos por el paso del camino de Can Teixidor, que ellos consideraban ilegalmente ocupado por la casa, aunque el tribunal no les ha dio la razón en este punto, es lo que ha acabó destapando las irregularidades del proceso.
Ahora, los propietarios de la masía de Can Teixidor, una vez que el derribo ya es una cuestión inevitable, tienen claro que presentarán ante el Ayuntamiento de Cànoves i Samalús una reclamación por daños y perjuicios “Estamos destrozados, el daño que nos provoca todo esto es muy importante y todo se lo debemos a la incompetencia del Ayuntamiento. Es lógico que ahora asuman sus responsabilidades”, explica López. Los propietarios, sin entrar A valorar los daños morales, cuantifican el valor de la finca y la casa en unos 960.000 euros. Ahora, después de la sentencia, ya no se podrá volver a construir. El derribo de Can Teixidor puede ser una ruina para el Ayuntamiento.
