José Manuel Gómez

En un artículo anterior y con el mismo título, – al que tendrá acceso en este medio- , se discernía a través de la técnica del “balancing (sistema importado por nuestro Tribunal Constitucional de su homólogo norteamericano) los pros y contras de la pretendida ampliación del aeropuerto de Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros, nueva proyectada pista que afectaba al humedal de la Ricarda, reforma que permitiría ”teóricamente” incrementar  19 millones más de pasajeros, creando 83.000 empleos directos y otros 365.000 indirectos, elevando así casi dos punto el PIB catalán.

 Se indicaba igualmente que se habían enfrentado dos posturas divergentes:

1.-Los partidarios (Patronal de empresarios catalanes, Gobierno-Aena y sorpresivamente también JXCat) y la mayoría de ayuntamientos socialistas del Bajo Llobregat.

2.- La  propia Generalitat (aunque parcialmente), Ayuntamiento de Barcelona, Comuns, Cup., grupos ecologistas y ambientales.

  La conclusión, después de sopesar el bien jurídico  constitucional en juego primordial como es el derecho de la salud (art. 15), supeditaba a otros intereses evidentemente en liza como la economía y el trabajo, pero  que por no ser derechos fundamentales, no gozarían de tal especial protección constitucional, más dentro de un contexto de la nueva política económica europea que ha optado por desarrollar proyectos, industrias y actividades ecológicas  viables.

  La realidad social imperante, -a pesar de paralizarse el proyecto (que ni tenía un mínimo estudio de impacto ambiental, que debe presentar la administración que lo oferta y no los ecologistas por pura lógica)-, nos mostró una manifestación el pasado 19 en el centro de Barcelona a la que asistieron unas 10.000 personas contrarias a dicha ampliación, pues debían entender que no debe confundirse valor y precio, y que la contaminación que supondría gestionar 19 millones más de pasajeros, en un núcleo urbano que abarca a más de tres millones de personas,- hasta que no se sustituyan o atenúen los efectos de los combustibles actuales- representaría un objetivo peligro para la salud humana, al que habría que sumarle el tema ecológico que precisaría una mínima reflexión previa, evitando por ende un verdadero “via crucis” judicial contencioso administrativo que podría durar más de un  lustro al tener incluso acceso al T.J.U.E.

   Es obvio que en la Historia, la  realidad social y económica siempre transcurren por  por vías diferentes, y a modo de un pulso o verdadero combate de boxeo se tratara, como si  “justas” medievales fuesen, ambas partes luchan por lo que creen es más conveniente o interesante para sus respectivos intereses. El combate es desigual  por haber  una concreta élite que crea opinión “supuestamente pública” inclinando la balanza hacia el “capital” y los intereses políticos y empresariales reinantes –  “poderoso caballero es Don dinero”-(incluyendo, siendo francos, las oportunas millonarias comisiones)- de lo cual nuestra copiosa  jurisprudencia penal  nos ilustra y tiene desgraciadamente acostumbrados-, “caballero negro” que  además domina los medios de comunicación social, pocos de los cuales pueden presumir de independientes en un notorio “statu quo” de subvenciones o camuflado en pagos por publicidad,  “perversión del sistema” que también  afecta también a principios básicos constitucionales:  derecho de igualdad, libertad de empresa y economía de mercado en  esa arbitraria injerencia del poder público en la empresa privada.

 Así, sorpresivamente aparece un reciente sondeo de la Empresa DAG 3- pagada por un medio de comunicación que a su vez es pagada por un sector social  concreto-  que sorpresivamente ahora nos dice: 1) que hay una mayoría “silenciosa” a favor de ampliar el aeropuerto, en concreto un 66% de los encuestados, donde solo hay un 27% de indecisos, si bien contradictoriamente después solo  sale un 12,1% que no sabe o no contesta; 2) Que los votantes  de la izquierdas representan un 55%  quienes desean la ampliación frente a un 41% que se oponen y donde el 67% serian de la C.U.P. ( lo que equivale a culpar especialmente a este sector como partido radical antisistema) ; 3) Luego prosigue  la estigmatización psicológica perfectamente calculada  de quien es más  el culpable, si Gobierno central central, Generalitat o ambos 4) Milagrosamente, más incluso que Santa Teresa, resulta que alterando la pócima en su particular cocina, finalmente solo  1 de cada 4 catalanes se opone a dicha ampliación, es decir que multiplican los optimistas como se multiplicaban los  panes y los peces en el N.T.

  Algo no cuadra aunque no seamos de ciencias, la manipulación es evidente, basta mirar los medios de comunicación de hoy para observar quien “mece la cuna” y que no es otra que la Patronal de empresarios catalanes, quien supuestamente amparados por las estadísticas por ellos mismos pagadas el día anterior, ponen el grito en el cielo de la supuesta desidia gubernamental ante tal ataque a la economía catalana. Al respecto, volvería a expresarles lo que les decía en ese artículo anterior: si tanta preocupación tienen por la economía catalana, más coherente y valiente hubiera sido en su día levantar mínimamente la voz ante la anarquía político, social y económica que representó el “Proces”, evitando así la fuga de más de 5.000 empresas (equivalente a un cuarto de siglo perdido), lo mismo respecto a la desaparición de la práctica totalidad de la inversión extranjera ( que también emigró en su mayor parte  a Madrid) y el deterioro de la marca catalana, en vez de como hicieron, de forma prudente (o cobarde) de dar la callada por respuesta.

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  La manipulación social de las elites no es un hecho nuevo y que ya podemos documentarnos en las Polis de Grecia con los tiranos,(Sócrates, Platón y Aristóteles entre otros lo plasmaron nítidamente), tiranos que inicial y curiosamente se utilizaban por parte del pueblo para democratizar la sociedad en su lucha permanente contra la clase elitista dirigente; sería lo que posteriormente Nietzsche denominaría “la voluntad del poder” de una minoría buscando el provecho propio. Se crearía en realidad una “distopía” que diría Stuart Mill como contraposición a la “utopía”, pues transcurriría en términos antagónicos a los de la sociedad ideal, al predominar larvadamente un sistema antidemocrático donde la elite gobernante se cree con derecho  invadir todos los ámbitos de la realidad, por lo que en realidad no sería exactamente “La revolución de las masas” que hablaba Ortega y Gasset donde se silenciaria la minoría por parte de una mayoría: pues aquí se intentaría confundir a los disidentes que son minoría aunque no sea cierto, es decir, el manipulador, sería el sujeto activo del “stablishment” que crea falsas expectativas en pro de unos supuestos anhelos comunes, técnica no muy alejada por cierto de regímenes fascistas o comunistas, donde los grandes  medios de comunicación participarían como correa de transmisión,  inyectando a la población de unas concretas ideas, dirigiendo así la opinión pública en la teoría de Edward L. Bemays de la manipulación deliberada e inteligente por parte de un gobierno invisible que sería el verdadero dirigente a través de gustos formados, ideas sugeridas que se utilizaría en todo tipo de regímenes políticos evitando así que la mente del grupo piense, unificando su pensamiento y cambiándolo por impulsos, hábitos y emociones que permitiría la adhesión de los individuos en masa que diría Harold Lasswell  través del “quinto poder”,  que incluiría ahora las redes sociales pese a aparentar lo contrario y que se observa por reciente  injerencia del poder político para evitar cualquier distorsión de un supuesto peligroso nuevo foro democrático.

  En definitiva, respecto a la ampliación del aeropuerto, se pretende ir contra la lógica y el derecho (normativa ambiental y ecológica  tanto nacional como europea),contra la voluntad del pueblo y la teoría de los actos propios, pues si se ha realizado una área de exclusión del vehículo contaminante, ( un tanto desproporcionada dicho sea de paso), sería ilógico autorizar una contaminación muy superior en pleno casco urbano que afecta a más de 3 millones de personas, población que durante décadas se le ha ocultado la mortalidad real de la contaminación por esa elite y sus medios, donde sufren los más débiles (enfermos, ancianos y niños) dolor al que por supuesto es ajeno el empresario y sus intereses económicos.

 Alguno podría decir, ¿y qué solución propone? Fácil, repartir esa inversión entre los aeropuertos de Reus y Girona , que tienen además dos “tramuntanas” preciosas para esparcir la contaminación (cosa que no ocurre con Barcelona al estar cerrada por la Collserola, si bien aun así,  es Vic a 61 kilómetros quien también debe sufrir esa ya disparatada polución muy alejada de los límites máximos  de la O.M.S.). La conexión con Barcelona seria con trenes y autobuses con lanzaderas que conectarían  con Barcelona en 20 minutos, solución idónea  si tenemos en cuenta que la mayoría de turistas son mochileros como nueva democratización de los anteriores elitistas  viajes de unos pocos; puesto que además la economía y la riqueza a su vez hay que “diversificarla” por Cataluña por mandato constitucional,  en vez de pretender hacer de Barcelona el único  ombligo en el que mirarse, (caso del Ave que acabaron convirtiéndolo casi  en tren local cuando propiamente debería hacerse una lanzadera en Sant Cugat); eso formaría  parte también de la “descentralización” administrativa que no solo le incumbe al Estado central, aunque lógicamente los separatistas podrían tener el temor, que a su vez esos territorios beneficiarios podrían aprovecharlo en el futuro como excusa  para a su vez independizarse, confundiendo así  competencias propias, -pero en origen derivadas de la propia Constitución- con soberanía como hacen ellos con las estatuarias. Al final, cuando las otras provincias catalanas quiten el velo de sus ojos,  ¡hasta podrían decir con propiedad que Barcelona roba a Cataluña!. Al tiempo, pues el abuso y acaparación exclusiva de recursos y eventos es patente.

José Manuel Gómez