Los Mossos d’Esquadra han detenido a 50 personas, 48 hombres y dos mujeres, en una operación contra una organización criminal dedicada presuntamente a facilitar la entrada irregular de ciudadanos pakistaníes en España y a regularizar la situación administrativa de personas extranjeras que ya se encontraban en el país mediante contratos laborales fraudulentos.
El dispositivo policial, desarrollado los días 26 y 27 de octubre en dos fases, ha tenido ramificaciones en diferentes municipios catalanes, entre ellos Sabadell y Terrassa, en el Vallès Occidental. La mayoría de las detenciones se han practicado en Barcelona y su área metropolitana, aunque también se han registrado actuaciones en Vic y otros municipios.
Según han informado los Mossos d’Esquadra, se trata de la investigación más importante realizada hasta ahora por el cuerpo policial contra una estructura criminal especializada en la gestión irregular de autorizaciones de residencia y trabajo para personas migrantes.
La organización estaba activa desde 2019 y contaba con una estructura jerarquizada, con integrantes asentados principalmente en Catalunya y colaboradores en Pakistán. Su actividad consistía en actuar como intermediaria entre ciudadanos pakistaníes que querían trasladarse a España y empresarios que facilitaban contratos laborales y documentación empresarial a cambio de dinero.
Hasta 30.000 euros por conseguir un permiso de trabajo
La investigación ha permitido determinar que la red captaba a personas en Pakistán interesadas en trasladarse a España para trabajar. A cambio de cantidades que podían alcanzar los 30.000 euros, les ofrecía gestionar los visados, las autorizaciones de residencia, la documentación administrativa, el empadronamiento y los contratos laborales necesarios para acceder al territorio español.
La organización también ofrecía sus servicios a personas que ya residían en España en situación administrativa irregular. En estos casos, los interesados podían pagar hasta 8.000 euros para conseguir contratos de trabajo simulados que les permitieran iniciar los trámites de regularización.
Para llevar a cabo estas operaciones, los investigados elaboraban presuntamente documentación falsa y preparaban expedientes de contratación en origen. También contaban con la colaboración de empresarios que ponían sus sociedades a disposición de la trama para justificar las supuestas relaciones laborales y facilitar los documentos exigidos por la Administración.
La investigación ha constatado que algunos de los trabajadores acababan desarrollando su actividad en condiciones precarias, próximas a la explotación laboral. En otros casos, los contratos eran completamente ficticios y la relación laboral no llegaba a iniciarse o finalizaba poco después de obtener los permisos administrativos.
Más de 3,2 millones de euros de beneficio estimado
Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la organización habría tramitado 224 expedientes de contratación en origen, de los cuales 108 obtuvieron una resolución favorable.
Los investigadores calculan que, únicamente con estos 108 expedientes aprobados, la red podría haber obtenido más de 3,2 millones de euros. Esta cantidad no incluye los expedientes rechazados o archivados ni los trámites realizados para regularizar a personas que ya se encontraban en España.
La investigación ha identificado a 12 presuntos integrantes de la organización criminal, que se encargaban de diferentes tareas, como la captación de personas, la intermediación con los empresarios, la gestión documental y la coordinación de los procedimientos administrativos.
Además, los Mossos han identificado a 62 empresarios de distintos sectores económicos que presuntamente habrían facilitado sus sociedades para tramitar las contrataciones fraudulentas. Entre las actividades de estos negocios figuran establecimientos de alimentación, restaurantes, empresas de reformas y talleres mecánicos.
50 detenidos y tres ingresos en prisión
El operativo ha contado con la participación de 81 agentes de la División de Investigación Criminal (DIC), principalmente de la Unidad Central de Tráfico de Seres Humanos y del Área Central de Crimen Organizado.
De los 50 detenidos, siete son presuntos integrantes de la organización criminal y 43 empresarios relacionados con las contrataciones fraudulentas. Tres de los siete supuestos miembros de la estructura han ingresado en prisión.
A los presuntos responsables de la organización se les atribuyen delitos de pertenencia a organización criminal, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental. A los empresarios detenidos se les imputan presuntos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.
La investigación comenzó a raíz del análisis de documentación y material informático intervenidos durante unos registros realizados a finales de febrero de 2024 en otra operación relacionada con delitos de tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, blanqueo de capitales y vulneración de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros.
La causa está tutelada por la plaza 27 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y por la Fiscalía de Trata de Personas y Extranjería de Barcelona. La investigación continúa abierta y los Mossos no descartan nuevas detenciones ni actuaciones policiales relacionadas con esta trama.
