Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Granollers han presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la sentencia que inadmitió la impugnación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) aprobada por el pleno municipal para 2024.
Las organizaciones UGT, CCOO, CGT, ASTEM y SPL-CME, integradas en el Comité Unitario de Trabajadores, sostienen que el recurso “no fue promovido por una persona a título individual”, sino por los propios sindicatos con “plena legitimación” en el consistorio. Según explican, la impugnación fue formalizada por el vicepresidente del Comité Unitario “con mandato expreso y por escrito del conjunto de sindicatos que lo conforman” y que, además, ostenta la máxima representación de UGT en el Ayuntamiento, circunstancia que, afirman, es “perfectamente conocida por la corporación desde hace años”.
En su nota de prensa, las organizaciones sindicales aseguran que el Ayuntamiento llevó a cabo “una maniobra de distracción” ante el juzgado, construyendo “un relato que no se corresponde con los hechos”, lo que habría llevado a que la sentencia recurrida evitara pronunciarse sobre el fondo del asunto. A su juicio, la resolución “no entra a examinar si las decisiones adoptadas vulneran de manera flagrante la normativa de función pública, los principios de igualdad, mérito y capacidad o el derecho a la negociación colectiva”, sino que elude el debate jurídico “mediante una salida estrictamente formal”.
Entre los aspectos que consideran más relevantes figura la creación del puesto de Coordinador General. Los sindicatos sostienen que esta decisión presenta “una clara apariencia de fraude de ley”, al utilizar la figura del personal eventual —prevista para tareas de confianza o asesoramiento político— para desempeñar funciones permanentes y estructurales que, según indican, deberían estar reservadas a personal funcionario que acceda mediante oposición.
Asimismo, denuncian incrementos salariales que califican de “absolutamente desproporcionados”. En concreto, señalan una subida superior a 28.000 euros anuales para el nuevo gerente y aumentos de más de 25.000 euros anuales para los puestos de Secretaría e Intervención. Según detallan, las retribuciones de cada uno de estos cargos superan los 120.000 euros anuales y, sumando antigüedad, cotizaciones y otros conceptos, el coste público anual destinado a estos tres puestos “supera los 500.000 euros”.
Los sindicatos enmarcan estas decisiones en un contexto en el que, según afirman, se han precarizado servicios esenciales como la policía local, las escuelas infantiles municipales, los servicios sociales o el departamento de recursos humanos, donde los trabajadores estarían afrontando “un cambio de dirección organizativa difícilmente sostenible”.
En relación con la Policía Local, explican que la modificación de la RPT introduce dos puestos de jefe de policía, una situación que consideran “incompatible con el marco normativo”, que prevé la existencia de un único jefe por ayuntamiento.
Finalmente, el Comité Unitario y los sindicatos confían en que el TSJC admita el recurso y permita “garantizar el control judicial” de unas actuaciones municipales que, a su entender, “desbordan claramente la legalidad y el principio de igualdad de trato respecto de la ciudadanía y del conjunto de empleados y empleadas públicas”.
