La UGT ha presentado una denuncia ante la Oficina Antifrau de Catalunya contra el Ayuntamiento de Vilanova del Vallès para que investigue posibles irregularidades en la actuación municipal relacionadas con los hechos que provocaron la falta de cobertura del servicio de Policía Local durante los días 26 y 27 de septiembre. Así lo ha anunciado el sindicato en un comunicado, en el que detalla diversas actuaciones emprendidas en relación con la gestión municipal del conflicto.
Según explica la organización sindical, uno de los aspectos que solicita investigar es la apertura de un expediente de información reservada, previo a un posible procedimiento disciplinario contra el jefe de la Policía Local. La UGT considera necesario aclarar si este procedimiento responde realmente a la voluntad de depurar posibles responsabilidades o si podría perseguir otras finalidades.
En concreto, el sindicato plantea que el expediente podría haberse utilizado para obstaculizar el funcionamiento de la comisión municipal de investigación solicitada y restringir el acceso de los grupos municipales a la documentación. Según la UGT, esta actuación habría podido dificultar el control institucional y la eventual exigencia de responsabilidades políticas por lo sucedido en la comisaría. También advierte de una posible utilización injustificada de recursos administrativos y de dinero público.
La organización asegura que dispone de documentación suficiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder a cada una de las partes.
Denuncia por protección de datos y petición de recusación
La UGT también afirma haber solicitado la activación del protocolo de acoso laboral en relación con el jefe de la Policía Local. Según el comunicado, el sindicato considera que los hechos y el trato recibido podrían estar afectándole y reclama que se adopten las medidas de protección y garantías correspondientes.
A esta iniciativa se suma otra denuncia contra el Ayuntamiento, presentada ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Según explica el sindicato, el consistorio habría publicado en su Portal de Transparencia, con acceso público y sin restricciones, el decreto de apertura del expediente de información reservada contra el jefe policial, incluyendo datos personales que permitirían identificarlo.
La UGT considera que esta publicación podría vulnerar los derechos del afectado en materia de protección de datos y perjudicar su honor y reputación. Por este motivo, asegura que ha requerido oficialmente al Ayuntamiento para que retire inmediatamente el documento.
Asimismo, el sindicato indica que ha solicitado la recusación del alcalde, del exconcejal de Seguridad Ciudadana y del actual concejal de Economía y Seguridad Ciudadana en cualquier intervención directa relacionada con el jefe de la Policía Local y el expediente de información reservada.
En relación con este procedimiento, la UGT manifiesta su convencimiento de que acabará archivándose. El sindicato sostiene que podría existir una «instrumentalización artificial de la potestad disciplinaria» municipal para evitar el control de los grupos políticos sobre los responsables públicos que, presuntamente, habrían tenido relación con el cierre de la comisaría.
El sindicato alerta de otros conflictos laborales
Más allá del expediente que afecta al jefe de la Policía Local, la UGT expresa en su comunicado su preocupación por otras decisiones municipales que, a su juicio, podrían estar perjudicando los derechos de los trabajadores y el funcionamiento de los servicios públicos.
Entre las situaciones que denuncia figuran posibles ceses o despidos adoptados unilateralmente, sin comunicación previa ni negociación con la representación sindical, así como modificaciones reiteradas de calendarios laborales, turnos y descansos que afectarían especialmente al personal interino de la Policía Local.
El sindicato considera que estos trabajadores se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad debido a su temporalidad y a la dependencia de la continuidad de su relación de servicio. Por ello, reclama que cualquier modificación de sus condiciones laborales se ajuste a la legalidad y no se base únicamente en una aceptación formal por parte de los afectados.
La organización también señala posibles retrasos en el nombramiento como funcionarios de carrera de agentes que ya habrían superado el periodo de prácticas. Según la UGT, esta demora los mantendría en una situación de inseguridad jurídica.
Otro de los asuntos mencionados en el comunicado es la posible revocación a una agente de la Policía Local de la autorización para asistir al Curso Básico de Policía de Catalunya, impartido por la Escola de Policia. El sindicato considera que esta decisión podría privarla de una formación profesional necesaria, prolongar su proceso selectivo y mantenerla en una situación de vulnerabilidad.
La UGT esperará los resultados de las investigaciones
A partir de todas estas situaciones, la UGT considera que las decisiones descritas podrían dibujar un escenario de «creciente unilateralidad, falta de transparencia y ausencia de negociación colectiva». El sindicato advierte de que, si se confirman los hechos, supondrían un deterioro de las relaciones laborales en el Ayuntamiento y un menosprecio al papel de las organizaciones sindicales y de la representación de los trabajadores.
En su comunicado, la organización asegura que «no permanecerá impasible» ante decisiones que puedan perjudicar los derechos de la plantilla, debilitar los servicios públicos o utilizar las estructuras administrativas para finalidades distintas de las legalmente previstas.
Por último, la UGT señala que estará pendiente tanto de la resolución del expediente de información reservada como de las conclusiones de la comisión municipal de investigación antes de decidir qué nuevas actuaciones emprende.
