El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cerdanyola del Vallès ha acordado reabrir la investigación sobre la muerte de una joven de 26 años que se ahogó en la piscina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el pasado 28 de enero. La decisión se ha tomado a petición de la familia de la víctima y con el respaldo de la fiscalía.
Tras el archivo inicial del caso, la jueza considera que la instrucción no está completa y que existen carencias relevantes en la reconstrucción de los hechos. En concreto, apunta a la existencia de lagunas tanto fácticas como causales que impiden descartar una posible relevancia penal.
Los hechos ocurrieron en la piscina del Servicio de Actividad Física (SAF) de la UAB, en Cerdanyola del Vallès. La joven fue rescatada en estado crítico y falleció dos días después en el hospital. El informe médico atribuye la muerte a un ahogamiento con parada cardiorrespiratoria secundaria.
La familia centra sus sospechas en la actuación del socorrista, que presuntamente se ausentó de su puesto durante unos 15 minutos. Consideran que esta ausencia pudo ser determinante, dado que la labor de vigilancia exige una supervisión constante e ininterrumpida de la zona de baño.
En su recurso, los familiares solicitan aclarar si dicha ausencia fue una decisión individual o si respondía a instrucciones organizativas del propio servicio, que habrían asignado al socorrista funciones incompatibles con la vigilancia. Asimismo, reclaman identificar a los responsables jerárquicos y conocer los protocolos previstos para cubrir este tipo de situaciones.
Respecto a las causas de la muerte, la familia quiere determinar si se trató exclusivamente de un ahogamiento o si pudo influir algún problema cardíaco previo, tal y como sugiere parcialmente el informe forense. Los familiares sostienen que la joven no presentaba patologías anteriores y solicitan un informe médico más exhaustivo.
También consideran que el tiempo que la víctima pudo permanecer bajo el agua —entre 10 y 15 minutos— debido a la falta de vigilancia, pudo resultar decisivo en el desenlace.
Por todo ello, el juzgado ha ordenado la práctica de nuevas diligencias. Entre ellas, una nueva declaración del socorrista, la aportación de los protocolos de seguridad del SAF, la identificación y declaración de sus responsables, así como la posible revisión de imágenes de cámaras de seguridad. Además, se ha solicitado un informe forense complementario y la declaración de varios testigos.
Las comparecencias de testigos y de la persona investigada están previstas entre finales de abril y principios de mayo.
