La Fiscalía ha solicitado durante un juicio celebrado esta semana en la Audiencia de Barcelona una condena de 20 años de prisión para un hombre, vecino de Granollers, acusado de maltratar y agredir sexualmente a su expareja durante los cuatro años que estuvieron juntos, según su relato. Los hechos presentados en el juicio revelan una relación conflictiva que, de acuerdo con la denunciante, estuvo marcada por episodios de violencia física, amenazas y abusos, que se intensificaron a medida que el acusado incrementaba su consumo de drogas.
La pareja se conoció en 2016 en Sudáfrica, país de origen de la víctima, y en 2018 ambos se mudaron a España con la hija de ella. El acusado afirma que la relación era buena y que ambos decidieron trasladarse a España, concretamente a Granollers, para regularizar su situación. Sin embargo, la mujer sostiene que los malos tratos empezaron en Sudáfrica, donde incluso solicitó una orden de alejamiento, y que la violencia aumentó en España.
Uno de los incidentes más graves ocurrió, según la versión de la Fiscalía, en el verano de 2020. La denunciante afirma que, después de consumir alcohol, el acusado la despertó abruptamente, la llevó al salón de su piso en Granollers y, armado con un cuchillo, la amenazó con matarla si gritaba, obligándola a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Después de este episodio, logró escapar por una ventana y pedir ayuda en la estación de tren, donde fue recogida por familiares del acusado, quienes testificaron en el juicio confirmando su estado de nerviosismo y desorientación. Aunque inicialmente ella no presentó una denuncia, la violencia continuó hasta su huida en marzo de 2021 tras otro episodio de agresión.
Además, la Fiscalía sostiene que el abuso de drogas fue un factor clave en el comportamiento violento del acusado, creando un entorno de insultos y maltrato continuado que resultó en una atmósfera de control y amenazas para la víctima. La defensa, por su parte, ha negado estas acusaciones y argumenta que la mujer solo intentaba mantener su estatus legal como pareja de hecho. Sin embargo, la Fiscalía y los informes de riesgo emitidos por los Mossos d’Esquadra contradicen esta versión, indicando que la situación representaba un riesgo serio para la víctima.
En su solicitud de condena, la Fiscalía ha pedido que el acusado reciba una pena de 20 años de prisión, desglosada en 15 años por agresión sexual, uno por coacciones, tres por violencia habitual en el ámbito familiar y uno adicional por maltrato. Además, se exige que indemnice a la víctima con 160 euros. La acusación particular se ha sumado a esta petición, subrayando la gravedad de la situación y la existencia de un riesgo objetivo para la integridad de la mujer, lo cual llevó a que se estableciera una orden de alejamiento que se ha mantenido hasta la fecha del juicio.
