Imagen de una protesta de los profesionales del CEE Montserrat Montero el pasado mes de mayo

La alcaldesa de Granollers se comprometió hasta en dos plenos municipales a pagar a las maestras unos 200.000 € en salarios que, con engaño y desde 2017, se les había dejado de pagar a pesar de que la Generalitat sí los abonaba al ayuntamiento. Ahora el ayuntamiento se echa atrás y comunica a las trabajadoras que no pagarán estos salarios si no les obliga un juez

A su vez el Comité de Empresa descubre que buena parte de los déficits presupuestarios de la escuela procederían del disparatado sueldo que el ayuntamiento había fijado a la Administradora General del centro educativo con unos coste de más de 100.000 € anuales

El conflicto laboral en la escuela municipal Montserrat Montero está lejos de apaciguarse. Las trabajadoras y trabajadores de la escuela llevan años luchando para que el ayuntamiento de Granollers cumpla el convenio colectivo que firmó en 2019 y para que se les paguen los salarios que les pertenecen.

Después de ni más ni menos que 11 años de negociaciones, en 2019, los representantes de los trabajadores, los sindicatos UGT y CCOO y el ayuntamiento de Granollers firmaron un convenio colectivo que fue publicado oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona. Los trabajadores tuvieron que renunciar a derechos laborales que ya tenían para poder conseguir otros en el convenio colectivo que se firmó. Después del paso de los años las trabajadoras de la escuela, engañadas, se quedaron sin una cosa y sin la otra puesto que desde el 2019 el ayuntamiento se ha negado a cumplir con el acuerdo firmado.

La situación se agravó cuando en 2023 el Comité de Empresa, después de tantos incumplimientos, pudo acceder a través de la Generalitat a una documentación pública que el ayuntamiento les había estado negando. El comité descubrió que desde el Departament d’Ensenyament de la Generalitat se había estado ingresando al Ayuntamiento de Granollers unos salarios (complementos de tutoría) que las trabajadoras habían estado reclamando desde hacía años, pero que desde el consistorio se les decía que no tenían derecho a la vez que les ocultaba los ingresos que por estos conceptos estaba recibiendo del Departament. Cerca de 200.000 € con la seguridad social para 24 puestos de trabajo desde el año 2017 que se habían dejado de pagar a las trabajadoras que tenían derecho.

Además el ayuntamiento se negaba a aplicar una valoración de puestos de trabajo que la legislación obliga a realizar para aplicar lo que también establecía el convenio colectivo, aplicar a todo el personal de la escuela la estructura retributiva de la función pública. En 2022 el ayuntamiento había contratado y pagado miles de euros a una empresa privada para que realizase el estudio de la valoración de puestos de trabajo, pero  después de comprobar el resultado técnico y económico del estudio contratado se echó para atrás y se negó a aplicar el resultado. Para excusarse incluso llegó a alegar argumentos jurídicos contradictorios ya que los mismos servían para justificar la aplicación de una valoración de puestos de trabajo a los empleados y empleadas públicas del ayuntamiento de Granollers y a la misma vez los hacían servir para no aplicar lo mismo a las empleadas públicas de la escuela municipal Montserrat Montero.

De hecho el ayuntamiento de Granollers, saltándose la legislación vigente, a finales de 2023 fue capaz de subir el sueldo en más de 25.000 € al año a 3 altos funcionarios y cargos del ayuntamiento que ya cobraban más de 90.000 € al año cada uno. Pasando a cobrar cada uno de ellos más de 130.000 € al año en 2024.

A finales de 2023 las trabajadoras de la escuela comenzaron a manifestarse para protestar del trato laboral que recibían así como por el lamentable estado de las instalaciones escolares.

La reacción del ayuntamiento no tardó y el nuevo gerente contratado por el consistorio se presentó en la escuela para amenazar y coaccionar al Comité de Empresa: «Yo vengo del metro de Barcelona. No me dan miedo vuestras pancartas. No conseguiréis nada».

El nuevo gerente contratado por el ayuntamiento de Granollers como fichaje estrella al que se le ha fijado un salario en 2024 de más de 130.000 € al año (algo realmente ofensivo) se trataba de un exdirectivo del Metro de Barcelona y de anteriores empresas privadas (Alstom, Essa Palau, Zeta, Estampaciones Sabadell,…) contratado por éstas para llevar a cabo despidos colectivos de centenares de trabajadores, ERES y rebajas salariales. Para posteriormente la mayoría de estas empresas proceder al cierre. Muchos de estos despidos fueron tumbados por los juzgados por ser ilegales y en contra de los derechos de los trabajadores además de que también se produjeron condenas judiciales por vulneración de derechos fundamentales cometidos contra representantes sindicales que defendían a los trabajadores.

Después de estas amenazas al Comité de Empresa del Montserrat Montero no hubo ninguna consecuencia por parte del ayuntamiento. Ni siquiera se abrió una investigación para dilucidar los hechos. Todo lo contrario de lo que pasaría y pasa con cualquier funcionario municipal a los cuales se les abren expedientes e investigaciones si se reciben quejas ciudadanas sobre actuaciones semejantes. Meses más tarde el mismo gerente quiso intimidar a otro trabajador de la brigada municipal al que se dirigió en tono amenazante y extralimitándose gravemente de sus funciones. Hechos que también quedaron impunes.

Las trabajadoras de la escuela municipal del Montserrat Montero decidieron manifestarse en el pleno municipal a finales de 2023. La alcaldesa de Granollers se comprometió allí mismo en el pleno a pagarles los salarios que se les habían dejado de pagar desde 2017. Todo y así a finales de diciembre de 2023 se firmó un acuerdo escrito con el ayuntamiento para reforzar el compromiso adquirido por la alcaldesa. El pago de dichos salarios se fijó en dos pagos, marzo de 2024 y marzo de 2025.

Llegó marzo de 2024 y el ayuntamiento volvió a incumplir el acuerdo no haciendo el primer pago. El Comité de Empresa se reunió de nuevo con la alcaldesa en abril y la explicación que recibieron era que estuviesen tranquilos que como muy tarde recibirían el primer pago en junio o julio ya que el problema era la dificultad de hacer los cálculos de lo que le tocaba a cada trabajadora.

No obstante, en Mayo, el ayuntamiento volvió a incumplir el compromiso de pagar otro de los complementos a los que se había comprometido a pagar semanas antes, el complemento de estadios a las trabajadoras y trabajadores con la calificación de «asimilados a docentes» tal como se recogía en el convenio colectivo. Y a su vez volvió a negar la aplicación de la valoración de puestos de trabajo. Las trabajadoras se vieron obligadas a protestar de nuevo en el pleno de Mayo. En el mismo pleno de Mayo la alcaldesa volvió a reafirmar el compromiso de pagar los atrasos a los que se había comprometido en el pleno municipal de noviembre de 2023.

A pesar de ello el Comité de Empresa recibió una nueva amenaza por parte del ayuntamiento «habéis cabreado a los políticos y habrá consecuencias». Una sorprendente respuesta dirigida trabajadoras que ejercen el derecho fundamental de protestar laboralmente para defender sus condiciones de trabajo. Una respuesta que nunca debería venir de quienes deberían ponerse al lado de los derechos de la clase trabajadora.

A finales de julio de 2024 el Comité de Empresa recibió una notificación del nuevo Administrador General de la escuela en el que se comunicaba que ahora «por una recomendación jurídica» contenida en unos informes no pagarían los atrasos si no les obligaba un juez.

El Comité de Empresa y la UGT solicitaron en base a la Ley de Transparencia dichos informes. Documentación e información pública que legalmente debe estar a disposición de cualquier ciudadano que la solicite. Pues bien, a día de hoy y 2 meses más tarde, los informes no se han facilitado a los representantes de los trabajadores. De hecho, la mayoría de la documentación e información pública que los representantes de los trabajadores han venido solicitando al ayuntamiento de Granollers es negada por éste. Pero finalmente consiguen acceder a la información solicitada interponiendo denuncias y reclamaciones en la GAIP (Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña) o bien a través de la Generalitat de Catalunya quien la facilita sin poner ningún problema. Una muestra clara de la falta de transparencia y ocultación que permanentemente rodea las cuentas de la escuela municipal a la que el ayuntamiento de Granollers intenta responsabilizar también de su gestión sorprendentemente al Consell Comarcal.  De hecho los mismos estatutos del Consorcio de Educación Especial Montserrat Montero establecen que la escuela está adscrita únicamente al ayuntamiento de Granollers. Por este motivo la Generalitat de Catalunya ingresa el dinero directamente al ayuntamiento.

Pues bien, en este mes de septiembre los representantes de los trabajadores han podido acceder a una nueva documentación solicitada a la GAIP y facilitada en parte por el nuevo Administrador General de la escuela en el que se recoge que el salario anual fijado a la anterior Administradora General sobrepasaba los 80.000 € anuales que, con la seguridad social, representaba un coste total de más de 100.000 € al año. Esta escandalosa cifra representa prácticamente la mitad del déficit anual de la escuela Montserrat Montero del que, de forma recurrente, se queja el ayuntamiento de Granollers para no cumplir con los compromisos salariales con los trabajadores y para mantener las instalaciones de la escuela en condiciones lamentables.

Pero si, aún no fuese suficiente, en este inmenso coste salarial del cual evidentemente la Generalitat de Catalunya no se hace cargo, y según lo que refleja la documentación facilitada al Comité de Empresa, se pagaba al puesto de Administradora General más de 11.000 € al año en concepto de complemento salarial de «estadios» (más de 800 € al mes). Esta clase de complemento legalmente está dirigido a los profesionales que participan directamente en la docencia y no para cargos de alta dirección o gerencia. Entre la plantilla de la escuela de educación especial corre la indignación al comprobar que el ayuntamiento de Granollers les ha venido negando dicho complemento de estadios a decenas de trabajadoras (incumpliendo lo que literalmente establece el convenio) y sin embargo, según la documentación facilitada por el nuevo administrador general, lo habrían estado pagando a un cargo directivo o de gerencia sin que éste prestase funciones docencia al alumnado. Estos 11.000 € anuales además representan el 50% de lo que anualmente se dejaba de pagar por el complemento de tutorías, con engaño, a las profesoras y profesores del Montserrat Montero desde 2017.

El comité de empresa también solicitará información pública acerca del salario que se le paga actualmente al nuevo Administrador General ya que en el anuncio oficial publicado en junio de 2024 en el Boletín Oficial de la Provincia se ofrecía un salario total de aproximadamente unos 4.500 € mensuales, es decir, unos 62.000 € anuales.

Por si esto no fuese poco los profesionales del centro vienen denunciando reiteradamente las lamentables condiciones que presentan las instalaciones de la escuela donde no se hacen tratamientos antiplagas y el patio de los alumnos está plagado de parásitos como garrapatas, los techos de diversos edificios presentan grietas de grandes dimensiones que no se reparan, suelos y rampas con desperfectos, resbaladizos y con peligro de caídas para los alumnos (hace unos días un alumno se rompió la tibia en una caída), parte del material escolar lo ha de pagar incluso los propios docentes para poder dar las clases a sus alumnos, no se aplican medidas de prevención de riesgos laborales para reducir los riesgos de todas las personas que se encuentran en el centro, etc.

Mientras las trabajadoras y trabajadores comienzan a pensar ya en la posibilidad de iniciar reivindicaciones más contundentes que las realizadas hasta el momento el Comité de Empresa volverá a intentar evitar la continuidad del conflicto y ya ha solicitado de forma urgente la convocatoria de la Mesa General de Negociación e intentar conseguir que el ayuntamiento cumpla con sus obligaciones, con sus compromisos, con los acuerdos firmados y evitar las reinterpretaciones restrictivas del actual convenio colectivo que el nuevo Administrador General ha empezado a aplicar nada más ocupar el cargo.

Comité de Empresa Montserrat Montero