En una medida sin precedentes, la Generalitat ha decretado el estado de emergencia por sequía en la mayoría de los municipios del Vallès Oriental y Vallès Occidental. La medida afecta a un total de 202 municipios de las provincias de Barcelona y Girona. La situación crítica del suministro de agua ha obligado a tomar medidas drásticas para preservar este recurso vital.

A partir de este viernes, los municipios afectados deberán aplicar una serie de medidas restrictivas con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua y hacer frente a la escasez. Entre las medidas más destacadas se encuentra la asignación de una dotación global de agua de 200 litros por habitante y día de media por municipio.

Además, se establece una reducción del 80% en el consumo de agua en la agricultura, del 50% en la ganadería y del 25% en los usuarios industriales. Los usos recreativos también se ven afectados con una reducción del 25%, especialmente en aquellos equiparables a usos urbanos, y se prohíbe el riego en su totalidad.

Las restricciones también abarcan el uso doméstico, con la prohibición del riego de jardines y zonas verdes, excepto para el riego de supervivencia a árboles si se utiliza agua freática o regenerada. Se prohíbe totalmente el llenado de fuentes ornamentales y lagos artificiales, a excepción de aquellos destinados a la fauna autóctona o especies en peligro de extinción.

En cuanto al ámbito vehicular, se prohíbe la limpieza de vehículos en domicilios particulares, permitiéndose únicamente en establecimientos comerciales que cuenten con sistemas de recirculación de agua. Asimismo, se establece la prohibición total del relleno de piscinas, tanto públicas como privadas, excepto en entidades deportivas y instalaciones sanitarias o terapéuticas.

Las medidas también afectan a actividades de ocio, como la limitación del riego en clubes deportivos federados a agua freática o regenerada, la prohibición de pistas de hielo, fiestas de espuma, juegos de agua o duchas en la playa si se utiliza agua potable.

Finalmente, se prohíbe la limpieza de calles, a menos que se realice con agua freática o regenerada. Las administraciones locales, a través de sus planes de emergencia, podrán establecer limitaciones adicionales en el uso del agua en instalaciones deportivas, públicas o privadas, y en espacios lúdicos. La situación requiere una colaboración activa de la ciudadanía para preservar este recurso fundamental en tiempos de sequía.