La Comisión territorial de urbanismo del Arco metropolitano de Barcelona, presidida por el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Arquitectura, Agustí Serra i Monté, ha acordado la aprobación definitiva del Plan especial urbanístico (PEU) del Río Ripoll en Castellar del Vallès.
Es el documento que ordena y regula la cuenca del Río Ripoll a su paso por Castellar del Vallès y el torrente de Canyelles. Se trata del corredor natural entre el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i el Obac y la plana vallesana. El torrente de Canyelles conforma otro corredor entre el Puig de la Creu y el ámbito del Río Ripoll. El documento tiene como objetivo limitar edificaciones, potenciar la actividad agrícola y mejorar el paisaje. El ámbito de actuación incluye un total de 172 hectáreas.
Las nuevas viviendas rurales se admitirán siempre que se destinen al uso de residencia habitual y sirvan para la gestión o vigilancia de la explotación de la finca. El plan, en este sentido, fija una finca mínima de 5.000 m2 para la construcción de viviendas rurales.
El documento no admite ningún tipo de construcción en bosques, masas forestales o espacios de interés natural. Por otro lado, reconoce que el Moli de Fontscalents y la Masia de Brunet son construcciones que deben ser preservadas.
El uso agrícola será el predominante en el ámbito de actuación del Plan. El turismo rural será admitido en aquellas construcciones que estén catalogadas y tendrá que ir asociado a los objetivos del Parque del Río Ripoll de educación ambiental, actividades al aire libre y preservación del entorno.
Los usos sanitarios, asistenciales o docentes podrán implementarse en masías catalogadas. El Plan contempla actividades ganaderas destinadas al consumo familiar, perreras y pequeños núcleos zoológicos, pero en cambio no admite la existencia de granjas.
El Plan espacial también contempla la redacción de los Planes de gestión de los huertos, con el objetivo de definir la explotación y la producción de los próximos años. La tramitación de este plan será necesaria para la concesión de licencias de la actividad agraria, que tendrán una vigencia igual o superior a 5 años.
