El juez encargado de investigar el presunto trato de favor otorgado por la Generalitat a la empresa Lafarge Holcim, propietaria de la cementera de Montcada i Reixac, ha citado a declarar en calidad de imputado para el próximo mes de noviembre a Emili Dragone Vives, exalto cargo de la Consejería de Acción Climática del Gobierno de la Generalitat, así como al representante legal de la compañía.
Dragone está siendo acusado de ser cooperador necesario en un delito contra el medio ambiente, al haber presuntamente autorizado licencias ambientales contrarias a la normativa que regula actividades contaminantes. La decisión del juez ha sido recibida con satisfacción por parte del abogado que representa a la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan, Albert Calduch. Este considera que esta medida refuerza la querella presentada el pasado mes de marzo contra la Generalitat, en la que se acusa al ente gubernamental de prevaricación. La acusación sostiene que se benefició a la cementera al otorgarle una nueva autorización ambiental, desatendiendo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificadas por el Tribunal Supremo, que instaban al Gobierno a cerrar la planta.
