La Fiscalía pide 27.000 euros a la Generalitat como responsable civil de cuatro agresiones sexuales que presuntamente cometió un interno en un centro de discapacitados, pese a que los psicólogos habían advertido de su agresividad, así como una pena de 26 años y 3 meses de prisión e internamiento en un centro psiquiátrico para el procesado.
En la sección 22 de la Audiencia de Barcelona comenzó este martes el juicio contra Alberto I.L, con una discapacidad psíquica “ligera” que le permite mantener su capacidad cognitiva y que estaba tutelado por una fundación dependiente de la Generalitat, acusado de tres delitos de agresión sexual y otro en grado de tentativa sobre otros compañeros, personas especialmente vulnerables.
El acusado ingresó en julio de 2010 en una residencia de La Roca del Vallès perteneciente a la Fundación Privada Vallès Oriental, con la autorización de los Servicios Territoriales del Departamento de Acción Social de la Generalitat, que entendía que el centro era adecuado para las características del acusado.
Ya desde los primeros meses desde su ingreso, sostiene el fiscal en su escrito de acusación, “se evidenció que el referido centro no era el indicado para el perfil de discapacidad” del procesado, quien “protagonizaba situaciones de constante enfrentamiento, con agresiones a los profesionales y el resto de sus compañeros del centro con discapacidad intelectual”.
Concretamente, añade el ministerio público, el acusado, consciente de que su capacidad física e intelectual era “muy superior” a la de sus compañeros, “constantemente les provocaba, les agredía y manipulaba, creando en los mismos una situación de miedo y sumisión”.
Ante esa situación, la Fundación, a través de su psicólogo, avisó “en multitud de ocasiones a los diversos organismos competentes de la Generalitat” del “grave riesgo” que corrían los internos con la “conducta descontrolada” del acusado y de que el centro no era el adecuado para su perfil psiquiátrico de conducta.
La Fiscalía cita en su escrito tres informes dirigidos a organismos distintos de la Generalitat, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011, sin que se adoptara “medida alguna para evitar el riesgo grave que generaba la conducta agresiva del acusado”.
Ante la “inactividad” de la Generalitat, agrega el escrito de acusación, la Fundación no puso en conocimiento de los internos la “situación de riesgo grave” generada por el acusado, ni lo comunicó a la Fiscalía ni a la autoridad judicial.
En ese “contexto de convivencia agresiva”, el acusado agredió sexualmente a cuatro de los internos, con grados severos de discapacidad o trastornos de esquizofrenia.
A finales de agosto de 2013, el acusado fue ingresado en la unidad de subagudos del Hospital de Granollers y posteriormente derivado a una residencia especializada en trastornos de conducta y medios aptos de contención para un perfil como el suyo.
Por estos hechos, el ministerio público solicita que las cuatro víctimas sean indemnizadas con 27.000 euros en total, de los que pide que respondan el acusado, la compañía aseguradora suscrita por el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) y la Generalitat.
Según mantiene la Fiscalía en su escrito de calificación, la Generalitat debe asumir en primer lugar el pago de la responsabilidad civil que se acuerde en sentencia, por la “decisión manifiestamente errónea de atribuir plaza al acusado” en la residencia donde ocurrieron los hechos, pese a que no era adecuada para el trastorno de personalidad que padecía.
También exige la Fiscalía responsabilidades a la Generalitat por no haber adoptado medidas para que el procesado abandonara la residencia, con lo que, a su parecer, “generó el riesgo para los discapacitados” en el centro durante tres años, lo que provocó “una situación de angustia para todos los discapacitados que tenían que soportar el miedo que les infundía día tras día el comportamiento agresivo” del acusado.
En la vista celebrada hoy, el acusado, que solo ha contestado a las preguntas de su abogado, ha admitido haber tenido una relación sexual con una compañera del centro en la habitación de la mujer, pero ha asegurado que esta fue consentida y que ella “la pedía”.
Esta víctima, en concreto, tiene una discapacidad del 75%, lo que dificulta su capacidad para consentir relaciones sexuales.
El procesado ha negado las otras tres presuntas agresiones cometidas a compañeros varones y ha dicho no entender por qué “dicen eso”: A preguntas de su letrado sobre si enseñaba el pene a compañeros, si les pedía una felación o si tuvo alguna relación sexual con ellos, ha contestado a todas ellas que “no”.
Las cuatro víctimas no han tenido que testificar en el juicio, ya que se ha admitido como prueba preconstituida su declaración grabada en fase de instrucción, que ha sido visionada este martes.
Una de ellas, un hombre sordomudo, ha testificado que el acusado le bajó los pantalones, que le daba “golpes con el pene erecto” y que le violó a pesar de que él le decía que parara: “Me hizo sufrir”, ha dicho, y ha señalado que estas agresiones pasaron “bastantes veces” en la ducha del centro.
“Yo le decía que eso no era normal, pero se reía, estaba un poco loco”, ha agregado.
Otra de las víctimas ha explicado que le hacía “marranadas”, que le pidió en varias ocasiones que le hiciera una felación y que “molestaba a todo el mundo” enseñando su pene.
El juicio está previsto que quede visto para sentencia el jueves.
