La Generalitat propone a la empresa Visoren someter al arbitraje de consumo el incremento de los precios de los suministros en los pisos que gestiona
Los ayuntamientos de Bigues i Riells del Fai y de Sant Fost de Campsentelles, poblaciones donde hay viviendas afectadas, han formado parte del impulso del mundo local para revertir la aplicación retroactiva de incrementos de los suministros básicos en viviendas de protección oficial
Este viernes se han reunido representantes de la Agencia Catalana del Consumo y de la Agencia de la Vivienda de Cataluña con los representantes de los ayuntamientos de Bigues i Riells del Fai, Tiana, Esplugues de Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Palafolls y Calaf, municipios con viviendas de protección oficial propiedad de la empresa Visoren, que a finales de 2022 comunicó a sus inquilinos la aplicación retroactiva de incrementos considerables en las tarifas de los suministros de agua caliente sanitaria y gas.
La preocupación de los municipios afectados por la aplicación retroactiva de incrementos considerables en las tarifas de los suministros básicos en viviendas de protección oficial, ha propiciado el encuentro con Consumo y Vivienda que ha tenido lugar hoy mismo.
En el marco de esta reunión, se ha expuesto a los representantes de los municipios afectados la propuesta que la Generalitat ha dirigido a Visoren de someter al arbitraje de consumo la resolución de este conflicto, vinculado al incremento de los precios de los suministros , solución aceptada por la empresa.
