UGT ha anunciado que pedirá la dimisión del alcalde Joan Mora, de Junts per Vallgorguina, y del concejal de RRHH de Vallgorguina, José Antonio Terribas, a los que consideran los principales responsables políticos de dos condenas judiciales en el Ayuntamiento por vulneración del derecho fundamental de libertad sindical, de seis reclamaciones por falta de transparencia en la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña resueltas cada una de ellas en favor de UGT y del acceso impropio a datos de carácter personal de la ciudadanía del sistema de videovigilancia instalado en el municipio por un cargo político en vez de por funcionarios públicos.

En noviembre de 2019 UGT de Cataluña solicitó una reunión con el alcalde de la corporación a raíz de un conflicto laboral con el colectivo de trabajadores de los vigilantes municipales. “A día de hoy, casi 2 años y medio después, el alcalde ni siquiera ha dado respuesta a la solicitud de reunión”, indican.

Para UGT LA persona que por delegación lidera esta actuación municipal es el concejal de RRHH, quien desde el principio, “por no resolver o admitir presuntas irregularidades, abusos o posibles mejoras de las precarias condiciones laborales de los trabajadores municipales, se escuda y se justifica en el existencia de acuerdos e información pública que a día de hoy todavía ni siquiera ha facilitado a UGT de Cataluña, a pesar de haberse solicitado en reiteradas ocasiones”. UGT ha tenido que recurrir a organismos públicos que mejoran el control ciudadano ante conductas de corrupción (tal y como lo define el Observatorio Ciudadano contra la Corrupción) como la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña, el Autoridad Catalana de Protección de Datos o los propios juzgados, para poder desempeñar y defender el papel constitucional delegado de defensa de los derechos e intereses de los trabajadores.

“De hecho, el ayuntamiento finalmente, después de dos años sin responder a UGT, se ha visto obligado a reconocer ante la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública que la información pública en la que se basan para mantener las precarias y abusivas condiciones laborales de los vigilantes municipales no la encuentran”, comenta el sindicato.

Por otra parte, existe una segunda condena judicial en el Ayuntamiento o en el juzgado ya ha tenido que imponer el pago de las costas judiciales a la corporación, que han subido 2.000 €

El colectivo de trabajadores de los vigilantes municipales ha informado a UGT, como sus representantes legales, “de una grave situación protagonizada nuevamente por el concejal de RRHH”. Se refieren a unos hechos podrían representar “una clara usurpación de funciones propias de los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como un abuso inaceptable en el acceso a datos de carácter personal de la ciudadanía”.

Resulta que cuando se instalaron las cámaras de videovigilancia en el municipio se informó verbalmente a los vigilantes, tanto por el concejal de RRHH como por el alcalde de la corporación, que cuando por razones de seguridad necesitaran datos registrados por las cámaras públicas, era el concejal el único encargado de acceder a la base de datos y todas las imágenes grabadas por el sistema. De hecho, éste ha sido el procedimiento habitual que los agentes han tenido que seguir desde que se instalaron las cámaras en 2019, comenta desde el sindicato.

“Sin embargo, según los vigilantes municipales, los requerimientos de datos de investigación del cuerpo de MMEE estarían llegando igualmente al concejal de RRHH como un funcionario más de los cuerpos y fuerzas de seguridad”, indican.

UGT ha tenido que presentar en los últimos meses 2 escritos más en el Ayuntamiento de Vallgorguina pidiendo documentación pública sobre la legalidad de este sistema de videovigilancia.

Escritos que o no se respondían por parte de la corporación o se respondían con evasivas, debiendo recurrir de nuevo al organismo público garante de la transparencia en Cataluña interponiendo nuevas reclamaciones/denuncias.

Y finalmente, según UGT, se ha averiguado que el ayuntamiento de Vallgorguina había instalado las cámaras en el año 2019 y “se habrían estado utilizando y accediendo a las bases de datos de las imágenes grabadas de los vecinos sin gozar de la preceptiva autorización de la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña”.

Más aún, después de varias evasivas por parte del ayuntamiento, finalmente, ante la comisión pública de transparencia, también se ha visto obligado a tener que identificar al concejal de RRHH como la persona responsable de acceder a las bases de datos , grabaciones e imágenes del sistema de videovigilancia del municipio.

Más aún, los vigilantes localizaron recientemente una cámara de vigilancia instalada en sus dependencias municipales, de características técnicas distintas a las del resto del sistema de videovigilancia, sin ningún tipo de la obligada señalización y/o aviso a la ciudadanía y que, presuntamente, estaría enfocando en el aparcamiento de los vigilantes, a un parque infantil y en la acera que se dirige al Centro de Salud Municipal.

“Cámara de dudosa legalidad”, comentan desde el sindicato, y que, junto con el resto de circunstancias, han sido puestas en conocimiento, por parte de UGT, a la Autoridad Catalana de Protección de Datos para que pueda comprobar, además, su legalidad.

Sin embargo, UGT de Cataluña, con independencia de la consideración final de legalidad o ilegalidad, considera “del todo impropio e inadmisible esta usurpación de funciones de vigilancia y control propias de las fuerzas y cuerpos de seguridad”.