El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha procesado por pertenencia a organización terrorista a los trece presuntos miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) vinculados a la operación Judas. La Fiscalía pidió esta acusación y el magistrado ha seguido el mismo criterio que el ministerio público. Además, a nueve de ellos les imputa tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista. La mayoria de ellos son vecinos de poblaciones como Sabadell, Mollet, Sant Fost o Cerdanyola.
El Ministerio Fiscal solicitó hace apenas unas semanas al instructor de la causa que procesara a Eduardo Garzón, Esther García Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomas Abueso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Xavier Duch y Rafael Delgado por delito de pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos mientras que en el caso de Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero solo le atribuye el primer delito.
El titular de Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que este grupo formaba dentro de los CDR el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por un núcleo radicalizado compuesto por individuos procedentes de diferentes CDR.
La creación de esta célula viene motivada, según el juez, por la necesidad de contar dentro de la estructura de los CDR con un grupo clandestino de individuos de la máxima confianza y que se mostraran totalmente entregados a “la causa”, habiéndoles sido encargada la realización de las acciones más sensibles.
Todos los investigados, dice el instructor, comparten principios ideológicos favorables a la independencia y al activismo radical para conseguirla. Su objetivo final como organización sería conseguir la independencia de Catalunya, utilizando para eso la violencia en su máxima expresión.
El ministerio público considera que los nueve encausados planeaban atentados, sabotajes y un asalto al Parlament como respuesta a la sentencia contra los líderes independentistas. La Fiscalía estima que las pruebas aportadas al caso acreditan que los implicados tenían objetivos “previamente seleccionados” contra los cuales querían atentar.
El fiscal también considera que los acusados habrían ido más allá de la actividad de los CDR para organizarse al margen y promover ataques violentos. Concretamente, especifica en su escrito: “Los investigados habrían superado la actividad dentro de sus respectivos CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, el objetivo de la cual sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados, utilizando para eso los explosivos y sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la misma organización tenía instalados en dos domicilios particulares”.
Para el fiscal, queda probado que la supuesta organización terrorista paralela que crearon los afectados buscaba “conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión, forzando de manera coercitiva las instituciones a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España”.
