A partir de este miércoles 1 de septiembre se levantan los peajes de la AP-7 entre Salou y La Jonquera y de la C-33 entre Montmeló y Barcelona. Los que entraban en la AP-7 desde el peaje de La Roca dejarán de pagar 15,22 euros para ir a Girona o 14,59 euros hasta Tarragona. Estos pagos pasan a la historia al igual que las habituales colas de los fines de las operaciones salida y llegada en La Roca del Vallès. Los usuarios vallesanos -particulares y empresas- ahorraremos cientos de miles de euros y además ganaremos en tranquilidad viaria.
La finalización de la concesión y de los peajes de la AP-7, que atraviesa todo el Vallés de punta a punta, aunque una parte – la B-30- es gratuita desde hace años, pone punto y final a una autopista de pago que se puso en marcha en 1969. Una autopista que inicialmente estuvo ligada al progreso del Vallès – sirvió para connectarnos mejor con Europa y con el sur peninsular, pero que a partir de los años 90, con la puesta en marcha en toda España, de autovías gratuitas se convirtió en un agravio comparativo. Esto se vivió con especial intensidad en poblaciones como Mollet donde se vivieron fuertes movimientos para pedir la finalización del peaje de La Llagosta.
La gratuidad de la AP-7 -entre Salou y la Jonquera- y la AP-2 -entre Zaragoza y el Vendrell-, se produce después de que el gobierno central decidiera no prorrogarlas. En total más de 450 kilómetros (262 kilómetros de la AP-7 y 215 kilómetros de la AP-2) quedarán ahora libres de peajes.
También circular por la C-32, en el Maresme, y la C-33, entre Barcelona y Montmeló, dos vías de titularidad autonómica, será gratuito a partir del miércoles.
En los próximos días se desmantelarán los peajes troncales como el de La Roca y todos los que existen en las entradas y salidas. Con ello más de un centenar de trabajadores de la hasta ahora concesionaria Abertis se quedan sin trabajo. Además los ayuntamientos por los que pasaban las autopistas dejarán de cobrar a partir del próximo año cientos de miles de euros en conceptos como el IBI.
De momento serán el Estado y la Generalitat las que se harán cargo del pago del mantenimiento de las vías. Será mientras el Estado no determine cómo se financiará el mantenimiento de estas infraestructuras en los próximos años.
