La finalización este verano de las concesiones de la AP-7 y la C-33 y la eliminación de los peajes de estas vías de alta capacidad supondrá una ventaja para los conductores que las utilizan, pero representa un problema para los municipios que atraviesan. Desde hace años estos municipios cobran a la concesionaria de la autopista en función de la ocupación de su territorio y también perciben compensaciones por actividades como las gasolineras o las áreas de servicio. Ahora que la concesión finaliza y las vías volverán a ser públicas, se acaba para ellos esta fuente de ingresos. Una cantidad nada despreciable en muchos casos. Los municipios vallesanos dejarán de ingresar más de un millón de euros.
En el tramo de la AP-7 que transcurre por comarcas como el Vallès, Baix Llobregat y Penedès, Acesa dejará de pagar unos 2,8 millones de euros a los municipios. Sant Celoni será uno de los más afectados, con 470.790 euros que ya no percibirá a partir del próximo año, junto con Fogars de la Selva (301,573), Llinars del Vallès (260.663 euros) o La Roca del Vallès (256.148 euros) , donde hay uno de los principales peajes. Además, algunas de estas localidades también recibían un importe extra si tenían ubicada un área de servicio, como Llinars el Vallès.
En la C-33, el ayuntamiento que dejará de percibir un importe más elevado es el de Montcada, concretamente 133.584 euros por sus cinco kilómetros de tramo por esta vía, además de 16.246 euros por el área de servicio ubicada en el término municipal. En total, son seis localidades que sumadas dejarán de cobrar 350.439,42 euros al año.
