El Juzgado Contencioso Administrativo núm. 14 de Barcelona ha desestimado la petición de aclaración realizada por el Ayuntamiento de Llinars del Vallès, confirmando así que el Ayuntamiento debe restituir a SOREA en la gestión del servicio de agua del municipio en aplicación de la ejecución provisional de sentencia y de las medidas cautelares.
Con la desestimación de la petición de aclaración presentada por el Ayuntamiento de Llinars, el Auto dictado en fecha 4 de enero de 2021 ya es firme y obliga al Consistorio a que «disponga todo lo necesario con el objeto de ejecutar dicha sentencia en lo relativo a la restitución, a la actora, de la gestión indirecta del Servicio municipal de Abastecimiento de agua».
El Auto dictado en fecha 4 de enero de 2021 establecía que el Ayuntamiento debe restituir a SOREA en la prestación del servicio, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no resuelva la apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Barcelona. Recordemos que el Ayuntamiento de Llinars procedió en enero de 2020 a la municipalización del servicio del agua de la población, lo que ha provocado varias quejas por la calidad del mismo.
En este sentido, el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 14 de Barcelona reprochaba al Ayuntamiento el incumplimiento de la medida cautelar de devolver el servicio a SOREA. La representación del consistorio alegaba que este hecho podría provocar indemnizaciones a los nuevos adjudicatarios del servicio. Y el Juzgado rebatía que, precisamente, si se derivaban indemnizaciones, era por causa de ir en contra del Auto, de fecha 25 de febrero de 2020, que establecía las medidas cautelares de suspensión de la actuación administrativa impugnada en el procedimiento principal.
En este Auto, el Juzgado ya acordó las medidas cautelares y «imponía» al Ayuntamiento de Llinars la obligación de respetar y restituir a Sorea en la gestión indirecta del servicio.
Por tanto, un año después, el Juzgado reafirma su decisión y exige al Consistorio el cumplimiento de la sentencia con las medidas cautelares que ya había impuesto y que el Ayuntamiento no había cumplido.
SOREA inició el procedimiento judicial porque consideró que el cambio de modelo de gestión no se había hecho de acuerdo con lo establecido en la ley. La compañía interpuso una demanda en el año 2019, cuando se empezaron a realizar los trámites para asumir la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento, trámites que culminaron en enero de 2020.
