La Fiscalía ha presentado una querella contra la empresa DSM y tres directivos por el «desastre ecológico» del derrame del 11 de diciembre del 2019 en Montornès del Vallès, que afectó de manera grave la biodiversidad del río Besòs. En el escrito, el ministerio público denuncia que la empresa manipulaba residuos tóxicos y peligrosos sin ningún protocolo de seguridad. Una manipulación de este tipo fue el origen, según el fiscal, del incendio que acabó con el derrame y la desaparición del «99 por ciento de la fauna piscícola del río» en ese tramo. El fiscal, que acusa a los querellados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contra la protección de la flora y la fauna, cree que se tardará «años» a recuperarla.
Según se lee en el escrito de la Fiscalía, los tres directivos contra los que se querella eran conscientes de que la empresa había hecho una acumulación «importante» de residuos tóxicos y peligrosos en las instalaciones de Montornès del Vallès, y que el almacenamiento y la gestión no se hacían «de manera correcta y respetando la normativa administrativa ambiental sobre gestión de residuos y de productos peligrosos».
El fiscal recuerda que la empresa ya había sido multada con 3.000 euros en 2014 por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) para el almacenamiento se hacía «en lugares no autorizados» y porque el etiquetado de los residuos tóxicos y peligrosos que gestionaban «era incorrecto». En 2016 se impuso una nueva multa, de 15.000 euros, por incumplimientos de la normativa vigente similares. Y en 2018 se le impusieron dos más de 48.000 euros, de la que la empresa en satisfizo un 60% porque reconoció las infracciones y se acogió a las rebajas legalmente establecidas.
En octubre del 2019 se hizo una nueva inspección en la empresa y se comprobó que «nuevamente» la capacidad de almacenamiento de residuos superaba la permitida, además de otros incumplimientos de la normativa. En este caso la multa fue de 10.000 euros, pero la empresa también pagó el 60% después de asumir la responsabilidad.
En el escrito, el fiscal afirma que los querellados eran «conocedores en todo momento» que en la planta había una acumulación «importante» de residuos y productos peligrosos «muy superior a la permitida». También los acusa de saber que la forma en que se gestionaban los residuos no era correcta, con depósitos y recipientes mal etiquetados y mezclas de productos tóxicos y peligrosos que los trabajadores manipulaban sin saber qué eran.
Todo ello, afirma el fiscal, supuso que la madrugada del 11 de diciembre del 2019 un trabajador mezclara disolventes o residuos en un bidón de 200 litros que ya contenía otras sustancias, de tal manera que se produjo una reacción química y empezó a arder. El bidón estaba al lado de otros recipientes similares y el fuego se esparció. Los trabajadores huyeron corriendo y «no entró en funcionamiento ningún equipo o sistema de extinción». La planta guardaba en ese momento 1.430 metros cúbicos de disolventes, que quemaron o derramaron en el suelo. Una parte importante llegó al río y otra parte fue a las cloacas y de ahí a la planta depuradora. Una buena parte se evaporó y generó emisiones que provocaron una situación de «riesgo grave» para los trabajadores de la instalación.
El caudal del río Besòs, que recibió el impacto «negativo y nefasto» de los residuos, quedó con una calidad «nefasta» que hacía «imposible» que desde aquellos puntos de vertidos (la planta o la depuradora) hasta en la desembocadura en el Mediterráneo «se pudiera mantener la vida acuática existente». En este punto, el fiscal recuerda que la empresa «no tenía ningún tipo de autorización para hacer algún vertido directo al río».
El ministerio público también indica que los efectos medioambientales «nefastos» de aquel vertido incontrolado «que duró días» supusieron un «desastre ecológico de la mayor magnitud de los que se recuerdan últimamente en todo el territorio español».
El derrame, añade, afectó «de una manera persistente en el tiempo y de manera crónica» las condiciones del río, y considera «muy difícil y costosa» la recuperación del estado ecológico del caudal a la situación anterior. Los residuos afectaron también las aguas subterráneas y el fiscal pone de manifiesto también la contaminación del aire causada por los humos del incendio. Además, el derrame causó daños por valor de cerca de 123.000 euros a la depuradora.
