Los Mossos han detenido a dos organizadores de la fiesta ilegal de Llinars del Vallés, que comenzó la noche de Fin de Año y ha estado activa hasta este sábado al mediodía, cuando la policía la ha desalojado. Las dos personas pasarán a disposición del juez en las próximas horas, según ha informado la policía catalana.
En el desalojo se han identificado unas 215 personas, que recibirán multas de 3.000 euros por incumplir la normativa sanitaria, mientras que para los organizadores las sanciones pueden llegar a los 600.000 euros. Además, los Mossos investigan cinco asistentes de la fiesta por delitos de desobediencia grave y resistencia a agentes de la autoridad.
Los Mossos, además, han intervenido los equipos de sonido y todo el material utilizado para celebrar la fiesta.
El director general de los Mossos, Pere Ferrer, ha defendido que una actuación policial «precipitada» en la nave de Llinars del Vallès era «inviable» porque no se disponía de efectivos suficientes. Ferrer ha asegurado que actuar antes no habría tenido «garantías», tanto para los agentes como para los asistentes. También aseguró que se revisará el dispositivo, como se hace «con todas las operaciones».
En esta línea, ha explicado que el dispositivo de desalojo ha sido lento, porque se está procediendo a identificar todos los participantes. A la vez, también se les derivaba a su vehículo, con el objetivo de determinar si había drogas en el interior.
El dispositivo, no exento de polémica interna entre los departamentos de Interior y Salut, ha concluido que no era necesario practicar pruebas Covid-19 a los participantes de la fiesta porque no había constancia de ningún positivo. En este sentido, Ferrer ha señalado que aunque se pueda expresar la opinión sobre este hecho, se trata de deliberaciones internas del Gobierno que deben tener carácter reservado.
